- Los derechos más afectados son los de reunión y manifestación
La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’ entró en vigor este miércoles. La norma, una de las más polémicas del Ejecutivo de Mariano Rajoy, ha dado lugar a todo tipo de protestas y críticas.
Entre los mayores cambios que introduce esta ley se encuentra la ampliación de la regulación de la documentación personal identificativa y “cómo debe procederse a la identificación de personas en la vía pública”, explica Luis Gómez Villota, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), en declaraciones a Bolsamanía. También los registros corporales externos que hasta ahora no estaban regulados.
El cambio que más afecta a los ciudadanos es el aumento del número de infracciones al convertir las faltas en infracciones administrativas
Sin embargo, el cambio que más afecta a los ciudadanos es el aumento del número de infracciones entre las que se encuentran algunas de las antiguas faltas del Código Penal. A juicio de Gómez Villota, el incremento de las conductas sancionables y el aumento de las cuantías pecuniarias hace que la ‘ley mordaza’ tenga un “objetivo disuasorio”, ya que “supone el aumento de las cuantías pecuniarias”.
“Las sanciones económicas son muy grandes”, apunta. Por poner un ejemplo en relación con las antiguas faltas del Código Penal, antes, estas multas iban de 20 euros a 24.000, según la capacidad económica de la persona sancionada, mientras ahora, tipificadas casi todas ellas como infracciones graves, van desde 601 hasta 30.000 euros. Aquellos que no podían hacer frente a la sanción económica quedaban sujetos a la responsabilidad personal subsidiaria que se cumplía mediante la pena de localización permanente.
También han aumentado, en general, los plazos de prescripción de las de las infracciones y de las sanciones. Antes, tanto las infracciones leves, como las antiguas faltas del Código Penal que se han incorporado al listado de infracciones en la nueva ley prescribían a los tres meses y las sanciones, pasado un año. Ahora, el plazo de prescripción de las infracciones es de seis meses para las leves, de un año para las graves -en la que se encuadran la mayoría de las antiguas faltas del Código Penal- y de dos años para las muy graves.
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MENOS SEGURIDAD Y MÁS ARBITRARIEDAD
A juicio de Gómez Villota, la ley ha supuesto un “retroceso en el sentido de seguridad jurídica”, ya que “depende de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cómo se aplique la norma”. Esto hace que el ser sancionado “va a depender del agente que te denuncie, en la medida en que sea más o menos riguroso en la interpretación y aplicación de la ley”.
Lo que se busca y se pretende con la ley mordaza es el miedo a conductas como acudir a una manifestación
El problema en relación con los criterios de aplicación es que “no se han dado los cursos formativos a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad”. En última instancia, esto podría evitarnos ser sancionados por algún defecto de forma, pero implicaría presentar recursos administrativos e incluso acudir a la vía judicial, lo que "supondría un alargamiento del procedimiento y un gasto para el afectado".
Lo que “se busca y se pretende” con la ley mordaza es el “miedo” a conductas como “acudir a una manifestación, ya que siempre suele haber conatos de grupos violentos”. Gómez Villota cita los casos de personas que, al pasar por la zona donde se estaba disolviendo una manifestación o concentración han sufrido lesiones cuando se procedía a su disolución y que ahora, “en vez de un palo inmerecido, también se pueden llevarse una sanción económica importante”.
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