• Se trataría de un delito contra los consumidores y sus derechos económicos que puede castigarse con penas de prisión
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La iniciativa que han promovido la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmniun Cultural, que han pedido a los catalanes que acudan en masa a sacar dinero de los bancos este viernes en señal de protesta tanto por la encarcelación de sus dos líderes, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, como por la aplicación del artículo 155 de la Constitución anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy, podría tener graves consecuencias. Todos aquellos que secunden esta iniciativa podrían estar cometiendo un delito contra los consumidores y sus derechos económicos tipificado en el Código Penal, y que puede castigarse con penas de prisión.

Las fotografías muestran colas como las que puede haber cualquier día normal, y no grandes aglomeraciones como quizá esperaban la ANC y Òmnium

De momento el llamamiento de estas organizaciones no ha contado con mucho seguimiento. Han logrado que el hashtag #LaForçaDeLaGent se vuelva tendencia rápidamente, pero lo cierto es que no son muchos los que han acudido a las entidades bancarias a realizar retiradas de dinero, al menos, no de la forma esperada. Las fotografías que han compartido algunos usuarios muestran colas como las que puede haber cualquier día normal, y no grandes aglomeraciones como quizá esperaban la ANC y Òmnium.

Estas dos organizaciones civiles pidieron a los catalanes que secundasen este viernes una "acción directa y pacífica" para exigir la puesta en libertad de Sànchez y Cuixart y reclamar la declaración de independencia de Cataluña. La idea era realizar una retirada simbólica de dinero en los cinco principales bancos del país, "prioritariamente de 08.00 a 09.00 horas", para demostrar que "el poder" está en manos de la ciudadanía y que "nadie puede jugar con la voluntad democrática de los catalanes".

Tanto ANC como Òmnium pedían que se hiciesen retiradas por el importe que se desee, pero algunos diputados independentistas, como Lluis Llach (Junts pel Sí), han pedido que se saquen 155 euros, en protesta por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sólo había un problema con eso, y es que en los cajeros no hay billetes de cinco euros disponibles, sino cantidades que sean múltiplo de 10. "O 160 si no hay billetes de 5. Europa no contará el dinero, contará la movilización", ha dicho Llach al darse cuenta de ello.

Lo cierto es que la iniciativa ha despertado reticencias incluso en el seno del Govern de la Generalitat. Santi Vila, consejero de Empresa de la Generalitat, ha criticado en un tuit la iniciativa de la ANC y Òmnium. Según ha señalado, "tensionar los bancos o dinámicas de boicot comercial no son la mejor manera de hacerse oír. Poner en riesgo la economía es siempre un autogol". Pero de momento nadie ha entrado a valorar las posibles consecuencias que podría tener esta acción para aquellos que decidan secundarla.

DELITO CONTRA LOS CONSUMIDORES Y SUS DERECHOS ECONÓMICOS

De hecho, podrían ser acusados de un delito contra los consumidores y sus derechos económicos. Según recoge el artículo 281 del Código Penal "el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses". Además, señala que "se impondrá la pena superior en grado si el hecho se realiza en situaciones de grave necesidad o catastróficas".

Una retirada masiva de dinero de los cajeros dejaría a los ciudadanos sin la posibilidad de acceder al efectivo en caso de que lo necesitasen, por lo que se podría entender que aquellos que hubiesen secundado la acción promovida por la ANC y Òmnium habrían incurrido en el mencionado delito, que es tendencial, es decir, la acción tiene que ir dirigida a esas finalidades, aunque no lleguen a producirse. En estos casos el Código Penal castiga la intención de querer ocasionar un perjuicio grave a los intereses de los consumidores, de forma que la consumación del delito se producirá por el simple hecho de la retirada con la finalidad mencionada, sin que sea necesario que efectivamente se haya llegado a producir el desabastecimiento, en este caso de efectivo en los cajeros.

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