Mercer: las pensiones españolas son las terceras menos sostenibles del mundo y presionan el 10N

Según el Melbourne Mercer Global Pension Index de 2019

  • La tónica general de los grandes partidos es volver a la revalorización mediante el IPC
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Unas 40 personas reivindican ante el Congreso la defensa de pensionesJULIO RODRÍGUEZ / TWITTER

El sistema de pensiones español aprueba en adecuación e integridad, pero suspende en sostenibilidad. De hecho, España es el tercer país del mundo con las pensiones menos sostenibles, solo por detrás de Italia y Austria, según el Melbourne Mercer Global Pension Index de 2019. Las conclusiones del estudio llegan en un momento crucial para el país, a falta de dos semanas para las nuevas elecciones generales del 10N.

España ocupa el puesto 24 de 37 sistemas de pensiones analizados en el índice de Mercer, el cual abarca dos tercios de la población mundial. Si se tienen en cuenta únicamente los países europeos, España ocupa el puesto 12 de 14.

La valoración general que obtiene el sistema de pensiones español es de 54,7 puntos. Respecto a la edición anterior, ha habido una ligera mejora de tres décimas. En los respectivos subíndices, España aprueba -y con notas relativamente altas- en adecuación, con 70 puntos, y en integridad, con 69,1 puntos. En adecuación, Irlanda está en cabeza, con 81,5 puntos, y en integridad, Finlandia lidera el ranking, con 92,3 puntos. Pero el punto débil de España es la sostenibilidad del sistema.

El sistema español de las pensiones únicamente logra 26,9 puntos en sostenibilidad, según Mercer, cuando la mayor puntuación está en los 82 puntos, por parte de Dinamarca. Es aquí donde la brecha es más acuciada. Por detrás de España en este subíndice, solo están Italia y Austria, con 19 y 22,9 puntos, respectivamente.

“Los sistemas de todo el mundo se enfrentan a una expectativa de vida sin precedentes y una presión creciente sobre los recursos públicos que apoyan la salud y el bienestar de los ciudadanos mayores. Es imperativo que los políticos reflexionen sobre las fortalezas y debilidades de sus sistemas para garantizar resultados más sólidos a largo plazo para los jubilados del futuro", afirma Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España. Algunas de las recomendaciones de la consultora para fortalecer el sistema de pensiones a largo plazo son “alentar o requerir un mayor nivel de ahorro [privado] para el futuro, aumentar gradualmente la edad de pensión estatal y permitir o persuadir a las personas a trabajar por un tiempo mayor”.

En plena fase de pre-recesión, el Melbourne Mercer Global Pension Index echa más leña al fuego y presiona a los partidos políticos de cara al 10N. Sin embargo, en estas elecciones, marcadas por la cuestión de Cataluña y la sentencia del ‘procés’, poco o nada se está hablando de economía. Menos de pensiones públicas o privadas. Incluso, la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado en apariciones públicas que “nadie ve una crisis a corto plazo”.

DE VUELTA A LA REVALORIZACIÓN POR IPC

Como referencia de qué quieren hacer con las pensiones los grandes partidos con representación parlamentaria (PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y VOX), hay que remontarse a las anteriores elecciones, del 28 de abril. En sus respectivos programas electorales de entonces, todos los partidos coincidían en eliminar el Índice de Revalorización de las Pensiones. La tónica general era volver a la revalorización mediante el IPC y otros indicadores para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. En las pocas ocasiones en las que han salido las pensiones para este 10N, esta tendencia sigue vigente para casi todos los grupos.

Para el 28A, otras medidas particulares que hicieron eco fueron el órdago del PSOE y Pedro Sánchez de eliminar el déficit de la Seguridad Social “en cinco años”; el compromiso del PP de recuperar la famosa ‘carta naranja’ aprobada en 2011 para informar a los trabajadores sobre su futura pensión de jubilación; hacer compatible trabajar y cobrar el 100% de la pensión “en determinados escenarios”, por parte de Ciudadanos, o que la propia revalorización vía IPC sea una garantía legal que se incorpore a la Constitución Española, según Unidas Podemos.

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