Las pensiones en España se sitúan entre las más generosas del mundo, dado que su tasa de sustitución se encuentra entre el 80% y el 85%. Pero también están entre las que más sufren el envejecimiento de la población. Una situación en la que ningún factor apunta a que el sistema público vaya a dejar de deteriorarse y en la que cada vez parece más oportuno el ahorro privado. En medio de la búsqueda de posibles soluciones, algunas miradas se dirigen hacia Reino Unido, donde goza de popularidad el llamado sistema de inscripción automática.
Hace siete años que los empresarios británicos están obligados a inscribir automáticamente a sus empleados en algún tipo de plan o instrumento de pensiones, siempre que cumplan con unas determinadas condiciones mínimas, como ser mayor de 22 años y menor de la edad legal de jubilación, ganar más de 10.000 libras al año o trabajar habitualmente en Reino Unido.
Este 'auto-enrolment' no es más que un sistema de previsión social empresarial complementaria de las prestaciones públicas de pensiones, pero de adscripción por defecto en el que la empresa tiene la obligación de aportar a favor del empleado, siempre y cuando este también aporte el porcentaje que le corresponda. Desde este año, la aportación mínima obligatoria establecida asciende a un 8% del salario. Un porcentaje que se reparte entre el 3% que corre a cargo del empresario, el 4% del empleado y el 1% del Estado, a través de la deducción fiscal de las aportaciones, y que se incluye como aportación extra al plan de pensiones.
En este sistema el trabajador puede salirse en cualquier momento. Algo que ocurre en muy pocos casos ya que es una decisión que ha tomado solo el 9%. Es más, Reino Unido también permite unirse a aquellos empleados que en un principio no cumplen con las condiciones de inscripción automática. También permite al empleado elegir el fondo en el que quiere invertir. No obstante, el 98% no lo hace. En este caso, el dinero va al fondo predeterminado por defecto, que suele tener una estrategia de inversión conservadora o moderada. Por su parte, el empresario tiene prohibido ofrecer incentivos al trabajador o condicionar la contratación a aquellos que opten por salirse o despedir empleados que decidan quedarse en el sistema.
Desde este año, la aportación mínima obligatoria establecida asciende a un 8% del salario
"La mayor parte de los ciudadanos tiene la voluntad de ahorrar, pero no da el paso para hacerlo. No obstante, si se les incluye por defecto en un sistema de ahorro, tienden a quedarse, ya que para salirse tienen que tomar la decisión activa y meditada de dejar de ahorrar. La economía del comportamiento descubrió que las personas en muchas ocasiones no toman decisiones racionales cuando se trata de decidir cómo gastar o ahorrar dinero". Es lo que explica el estudio sobre este sistema británico, elaborado por el profesor Fernando Martínez-Cue. Y es, precisamente este "empujón", una de las claves de su triunfo.
Otra es la del mecanismo de aportación "contributivo" o de "subvención condicionada", es decir, que ambas partes tengan que hacer su particular esfuerzo. "Facilita el compromiso del trabajador con mantenerse inscrito en el sistema de pensiones sin optar por salirse". Así, "se consigue que el trabajador valore más el beneficio que supone ser partícipe de un esquema de pensiones y se facilita su compromiso con el ahorro para su jubilación", añade.
Entre las muestras del éxito británico están las cifras. Su implantación ha conseguido que 10 millones de trabajadores que antes no ahorraban ya lo hagan, la inscripción automática ha mejorado la participación de todos los grupos de edad, especialmente de los más jóvenes, y la tasa de participación entre mujeres y hombres se ha igualado. Aunque esto no significa que el sistema no pueda mejorar. De cara a 2020, Reino Unido se ha propuesto eliminar el límite inferior de salario para calcular las contribuciones a realizar desde la primera libra, reducir la edad mínima para ser elegible hasta los 18 años, y testar formas de mejorar el ahorro de los autónomos.
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LA SITUACIÓN EN ESPAÑA
En 2019, la pensión media contributiva se sitúa rondando los 20.650 euros al año. En España, la tasa de sustitución se encuentra entre el 80% y el 85%, lo que supone que nuestro país tiene una "medalla de oro", ya que "muy pocos sistemas de reparto son capaces de igualar una tasa semejante". Un sistema también "crecientemente lastrado" por la relación "cada vez más negativa" entre los trabajadores activos pagando las pensiones de cada pasivo.
Así lo señala la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, que destaca las "tensiones financieras crecientes" que está provocando el envejecimiento de la población sobre el sistema de reparto español, con un gasto en pensiones que creerá de manera brusca a partir de 2030. "Ni Francia, ni Alemania, ni Reino Unido van a tener una evolución tan explosiva del gasto en pensiones".
Entre las alternativas que propone la patronal aseguradora están: reducir esta generosidad o diversificar las fuentes de financiación. Sin embargo, su presidenta asegura no ser partidaria de financiar las pensiones contributivas con impuestos, estando a favor de promocionar las pensiones de capitalización, muy especialmente en el ámbito de las empresas, poniendo como ejemplo el caso de Reino Unido. Pero hay una pega.
"En España no hay previsión complementaria, o no está suficientemente desarrollada, simplemente porque hay quien no la quiere. Y ese alguien se ha llevado hasta ahora el gato al agua", afirma González de Frutos. A esto, hay que sumar las dudas sobre si aquí se cumpliría la acción de los ciudadanos británicos de aceptar que se lleven otra parte más de su sueldo. Aunque, en este caso, se asegurarían recuperar lo correspondiente una vez jubilados.
