La CNMV, a través de su comité ejecutivo, ha acordado abrir cuatro expedientes sancionadores, tres de ellos contra la agencia de valores Q-Renta tras el escándalo del MaB. El otro recae sobre la empresa Partisu XXI Group SL. Estas firmas realizaron prácticas de manipulación de mercado en determinados periodos de los años 2015 y 2016.
Son infracciones graves tipificadas en el artículo 295.4 de la Ley del Mercado de Valores (LMV). Además, el supervisor de los mercados financieros españoles abre un expediente sancionador a Q-Renta por la posible comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 284.1 de la LMV por la inadecuada gestión de conflictos de interés en la operativa de gestión y asesoramiento sobre valores cotizados en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2017, y por la posible comisión de una infracción muy grave de las previstas en el artículo 283.3 de la LMV por deficiencias en la llevanza de los registros de órdenes y sus justificantes y otras incidencias sobre organización interna y aspectos de control.
En el verano de 2018, la CNMV decretó la suspensión de reembolsos de dos fondos y siete sicav con la gestión delegada en la firma Q-Renta, debido a la escasa liquidez de los valores en que invertían, que les impedía atender las salidas de dinero. La mayoría de esos valores pertenecían al MaB y se daba la circunstancia de que la propia Q-Renta participó en su colocación. Es decir, vendió las empresas a los fondos que gestionaba, entre ellos el Annapurna y el Esfera RV Internacional.
Un mes después, Trea AM y Q-Renta llegaron a un acuerdo por el cual los fondos y sicav intervenidos por su alta exposición al MaB serían gestionados desde ese momento en exclusiva por Trea. Así, Esfera y Credit Suisse (quienes le pusieron la carcasa de los productos a Q-Renta y se encargaban de la operativa diaria) ya no tendrían nada que ver con los mismos.
En su comunicado, la CNMV “no prejuzga el resultado final del expediente sancionador”, y recuerda que “el expedientado cuenta con todos los medios que el ordenamiento jurídico le confiere para la defensa de sus derechos”.
