Se avecinan cambios en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas. Y es que a partir de 2016 las multinacionacionales que superen los 750 millones de euros informen a Hacienda de los datos fiscales y de su actividad en todo el mundo como parte del camino para cumplir con las recomendaciones del informe BEPS.
En 2013 el G-2′ y la OCDE ponían en marcha uno de sus proyectos más ambiciosos para adaptar los principios de la fiscalidad a un mundo de los negocios cada vez más globalizado y evitar el conocido como efecto BESP (Base Erosion and Profit Shifting) o erosión de la base imponible y traslado de beneficios a otros países que llevan a cabo las multinacionales. Dos años más tarde España y el resto del mundo sigue avanzando hacia el cumplimiento de las recomendaciones del informe BESP y lo hará a través de la modificación del Impuesto sobre Sociedades.
En concreto, el Gobierno obligará a las multinacionales con una cifra de negocio superior a 750 millones de euros a informar a Hacienda de los datos fiscales y actividades que realiza en todo el planeta a partir de 2016. Este cambio afectará a casi 300 empresas que operan en España y, como es lógico, a todos los componentes del Ibex 35.
En este sentido, el Ejecutivo ha optado por seguir a rajatabla la recomendación de la OCDE en cuanto a la cifra de negocios mínima para informar a Hacienda. De esta forma, en el balance de cuentas que presenten en 2017, con el Impuesto sobre Sociedades de 2016, deberán detallar las ventas y beneficios que hayan obtenido, así como los impuestos que hayan pagado en cada país en el que operan.
La elección de los 750 millones de euros de facturación deja fuera a buena parte de las multinacionales -entre el 85% y el 90% según la OCDE- pero sí que incluirá a las empresas que generan el 90% de los beneficios mundiales y en el caso español a 1,4 millones de euros declarados en el Impuesto sobre Sociedades.
La obligación de informar sobre las actividades en todos los países es sólo una de las 15 recomendaciones del proyecto BEPS entre las que también figuran eliminar los beneficios fiscales de los productos íbridos o la mejora en el intercambio de información fiscal.
Imagen – David Crockett en Shutterstock
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