La batalla legal que mantiene Azvalor con su exjefe de análisis, Víctor Moragas, ha desembocado en una primera victoria parcial para este último. Tras su juicio por lo laboral, que primero tuvo que posponerse por falta de formas y después tuvo que aplazarse por culpa de la pandemia de Covid-19, la sentencia ha fallado que el despido del analista fue improcedente y, por tanto, obliga a la gestora a readmitirle “con carácter inmediato, en las mismas condiciones vigentes con anterioridad al despido”. Pero el fallo no queda ahí, ya que también implica una indemnización económica.
La sentencia número 130/2020 del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid, a la que ha tenido acceso Bolsamanía, dictamina además que Azvalor debe abonar a Moragas los salarios dejados de percibir desde su despido hasta su próxima reincorporación y le reserva a este “las acciones correspondientes ante esta jurisdicción para reclamar la diferencia que pudiera corresponderle entre dichas indemnizaciones y el perjuicio efectivamente sufrido”. El exjefe de análisis de Azvalor fue despedido el 16 de mayo de 2019. Pero el juez del caso, Antonio Seoane García, incluso va un paso más allá y en el fallo establece una “compensación disuasoria que, prudencialmente, se cuantifica en 12.000 euros”.
Sin embargo, el fallo niega que Azvalor haya vulnerado en ningún momento los derechos fundamentales de Moragas, como este argumentaba en su demanda, lo que deja la reputación de la gestora de Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad, Beltrán Parages y Sergio Fernández-Pacheco sin mácula en cuanto a su proceder con el analista mientras trabajó allí, circunscribiéndose la sentencia en exclusiva al terreno laboral del despido.
Pese a ello, fuentes oficiales de Azvalor avanzan que la gestora recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, por el momento, la firma mantendrá la querella penal que interpuso en paralelo contra Moragas por calumnias, injurias, extorsión, coacciones y amenazas, tras las manifestaciones y acciones llevadas a cabo por su exjefe de análisis durante los últimos meses. “Sigue su curso legal”, aseveran. Esta querella está presentada ante el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid.
El juez Seoane ha aplicado en su decisión la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en este tipo de casos establece la readmisión del trabajador. “Es el único juez español que aplica esta doctrina y puede sentar jurisprudencia para el resto de tribunales”, señalan fuentes próximas al caso.
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El analista, que trabajó para la boutique de fondos durante dos años y medio, interpuso la demanda ante lo social por despido y violación de derechos fundamentales y libertades públicas, “como reacción a la formulación de ideas sobre métodos de trabajo empleados y la petición de cumplimiento de condiciones laborales publicitadas”. Por el contrario, Azvalor siempre ha defendido que el despido fue disciplinario y motivado por tres causas: una exigencia de una retribución “inasumible e injustificada”, no compartir las tesis de inversión de la gestora -Moragas habría pretendido seguir un método propio que "no podía explicar a los clientes" para construir las carteras- y la ubicación física de su puesto de trabajo. El caso se ha enturbiado, para más inri, con la acusación pública del primero de supuestas prácticas irregulares, con uso de información privilegiada, por parte de Azvalor.
El magistrado razona en su escrito que los correos electrónicos de Moragas a Azvalor durante su permanencia en la firma y con los que la empresa pretende justificar el despido no son, “en modo alguno, desconsiderados, ni coactivos, ni amenazantes”, y en cuanto a los métodos de trabajo sostiene que “el actor en algún momento haya podido proponer mejoras o cambios en los mismos carece de cualquier relevancia”.
PRÓXIMOS PASOS: READMISIÓN Y TSJ MADRID
Ahora, Azvalor tendrá que consignar en el juzgado los 12.000 euros de compensación disuasoria más los salarios de tramitación que Moragas ha dejado de percibir por su despido desde el 16 de mayo de 2019, cantidad esta segunda que aún está por determinar. La gestora está estudiando las alternativas que permite la legislación española en cuanto a la readmisión de Moragas -que van desde la reincorporación total hasta la reincorporación sin presencia efectiva pero asumiendo sus costes sociales y laborales- y afirman que “tomaremos una decisión en los próximos días”.
Si el TSJ Madrid dictaminara un fallo distinto al del Juzgado de lo Social, que implicara no readmitir al exjefe de análisis de Azvalor, podría llegar a establecerse una indemnización de unos 50.000 euros, aproximadamente, a favor de Moragas por su despido improcedente en base a la legislación española vigente, siempre y cuando lo pactaran demandante y demandado.