El Gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado a la Agencia Tributaria la competencia para comprobar si las sicav cumplen los requisitos legales para constituirse como tales. Así se ha confirmado en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 ante el Congreso de los Diputados. Desde 2005, esta competencia era exclusiva de la CNMV.
Así ha quedado el pacto del PSOE con Podemos en este terreno para los presupuestos. Como adelantó Bolsamanía, no se endurecerá la tributación de estas sociedades de inversión, ni tampoco se cambiarán sus requisitos. Pero Hacienda sí volverá a vigilarlas de cerca, y su control se antoja más exhaustivo que el de la CNMV.
“Si les han devuelto las competencias, es para utilizarlas”, aseguraba a Bolsamanía una fuente cercana a la Agencia Tributaria el pasado octubre. El retorno de estas competencias supervisoras a Hacienda augura una dura campaña de inspecciones sobre estos vehículos de inversión, en especial en lo que respecta a su colectividad.
Para poder constituir una sicav, se necesita un patrimonio financiero de 2,4 millones de euros. Para que una sicav sea colectiva, además, han de haber como mínimo 100 accionistas. Y para que la sicav en cuestión sea traspasable fiscalmente como los fondos (con la posibilidad de demorar el pago de plusvalías hasta el reembolso), son necesarios 500 accionistas.
Sin embargo, según Morningstar, muy pocas sicav en España son traspasables: tan solo 22 de 2.752, apenas un 0,8%. Quiere decir que las sicav, aun siendo colectivas, no están dirigidas en la práctica al gran público. Y ahora lo que quiere comprobar Hacienda es que, verdaderamente, se cumpla que son colectivas, es decir, vigilar de cerca el requisito de los 100 accionistas.
Por regla general, las sicav son utilizadas por ricos (empresarios, deportistas, artistas…) y núcleos familiares empresariales. A través de ellas, gestionan parte de su patrimonio y sus inversiones en los mercados financieros. Gracias a su personalidad jurídica, su figura de sociedad anónima (S.A.) y su flexibilidad en su política de inversión, el inversor de referencia en la sicav o los principales miembros del consejo dictaminan en qué invierte en cada momento. El problema es que, normalmente, unos pocos inversores mayoritarios utilizan a otros muchos minoritarios de relleno para lograr la colectividad y aprovecharse de los beneficios de las sicav. Son los llamados ‘mariachis’ u ‘hombres de paja’.
DESDE 2005, LA SUPERVISIÓN ERA EXCLUSIVA DE LA CNMV
La batalla por las sicav viene de 2005, cuando el entonces ministro socialista de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, lanzó una campaña de inspecciones a estos productos. La industria de inversión acudió desesperada a la CNMV y su presidente en esas fechas, Manuel Conthe, se enfrentó a Solbes para defender el producto. José Luis Rodríguez Zapatero se inclinó por el segundo y el 30 de junio de ese año, el Gobierno publicó un real decreto que concedía en exclusiva a la CNMV la supervisión de las sicav.
Esta norma imponía la obligación a este organismo de informar a la Agencia Tributaria si alguna sicav no cumplía los requisitos para acceder a su ventajosa fiscalidad, ya que pagan el 1% en el impuesto de sociedades, como los fondos de inversión. Sin embargo, ni Conthe ni sus sucesores (Julio Segura, Elvira Rodríguez y, ahora, Sebastián Albella) han denunciado a ninguna sicav, salvo algún escándalo concreto. Esto parece que cambiará al tener a partir de ahora a Hacienda encima.
