El Gobierno retrasa la nueva legislación sobre las VTC y el taxi a principios de 2018

El anuncio del retraso de su puesta en marcha puede ser la chispa que prenda la llama de una movilización mayor del sector del taxi

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, lo ha reconocido en declaraciones a los medios desde el propio Ministerio de Fomento. Según ha dicho, el Real Decreto que ha elaborado el Gobierno para responder a algunas de las reclamaciones de los taxistas sobre las licencias VTC y tratar de mejorar las condiciones de prestación de servicio no está aprobado hasta "principios de 2018". Se trata de una normativa de tramitación larga, ya que requiere información pública y el dictamen del Consejo de Estado, por lo que Fomento no podrá llevarla al Consejo de Ministros para su aprobación hasta haber dado todos estos pasos.

En un principio la intención del Gobierno era tener lista la nueva batería de medidas para finales de este año, pero parece que será imposible. Y esto puede suscitar nuevas protestas por parte de los taxistas, que ya han dicho que las medidas anunciadas hasta ahora por Fomento les parecen "insuficientes". El anuncio del retraso de su puesta en marcha puede ser la chispa que prenda la llama de una movilización mayor del sector, que este martes ya anunciaba su intención de convocar nuevas huelgas y manifestaciones si no veía "voluntad política" por parte del Ejecutivo para lograr una solución.

Está por ver cómo se toma el taxi esta noticia, conocida precisamente el día en que los 70.000 conductores del sector que hay en España están llamados a una huelga de 24 horas. Centenares de ellos se encuentran en Madrid, en la manifestación que ha arrancado junto a la estación de Atocha y que va a concluir a las puertas del Congreso de los Diputados.

Los taxistas reclaman a la Administración que actúe, y dicen que lo único que han hecho hasta ahora es "abandonar a los taxistas a una suerte de expropiación de sus negocios para entregarlos a las plataformas multinacionales", en referencia a empresas como Uber y Cabify. Piden que estas empresas cumplan con la ley y que se acometan medidas para evitar los males que va a provocar la masiva concesión de licencias VTC por parte de la Justicia. Según los taxistas, a las ya otorgadas pueden sumarse entre 10.000 y 11.000 más por las reclamaciones que aún están por resolverse en los tribunales.

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

Fomento ha explicado que el objetivo del Real Decreto que prevé aprobar a principios del próximo año es mejorar la situación actual. Reconoce que el ratio fijado por ley de 1 coche VTC por cada 30 taxis se rebasa ampliamente en muchas ciudades de España, pero también se quita responsabilidades de encima señalando que el Gobierno ha hecho todo lo que podía hacer al respecto, legislando hasta donde llegan sus competencias (ha dejado claro que no puede actuar frente a las autorizaciones que se están otorgando por vía judicial), y que en última instancia el tema de la concesión de licencias tanto de taxi como de coches de alquiler con conductor corresponde a CCAA y ayuntamientos.

No obstante, ante las quejas y preocupaciones expresadas por el sector del taxi, el Ministerio de Fomento ha decidido dar nuevos pasos en aras de garantizar una "convivencia ordenada y equilibrada" entre los taxistas y las empresas con vehículos VTC. En concreto, ha previsto cuatro medidas que, dice, son "todo lo que se puede hacer" para no ir contra las normas de competencia. Eso sí, ante las críticas vertidas por el taxi, el departamento que dirige Íñigo de la Serna asegura que sigue dispuesto a "atender cualquier propuesta" sobre la ordenación de estos servicios que se ponga encima de la mesa, siempre que esté dentro del ámbito de acción del Gobierno y que no suponga contravenir otras normas.

Estas son las propuestas de Fomento para regular el negocio de las VTC:

1. Se impedirán las prácticas especulativas

Algunas empresas pueden pensar en solicitar licencias VTC para "lucrarse con su inmediata reventa". El Gobierno va a prohibir la transmisión de estas licencias hasta pasados dos años desde su otorgamiento, aunque no ha aclarado si esta medida será de aplicación cada vez que una licencia cambie de mano o única y exclusivamente tras su otorgamiento por parte de las administraciones competentes.

En este sentido, Fomento señala que podría darse el caso de que alguna empresa solicitase estas licencias y luego no pusiera en marcha el servicio. En ese caso, el Ejecutivo informará a CCAA y ayuntamientos para que hagan la inspección pertinente, si lo creen necesario, y determinen si el uso de esa licencia es o no correcto para decidir si se retira o no. Pero desde el departamento de De la Serna insisten en que eso corresponde a quienes otorgan las licencias, y no al Gobierno central.

2. Se creará un registro estatal de los servicios VTC

Cualquier empresa que tenga licencias VTC (debe contar con un mínimo de siete para poder operar) tendrá que inscribirse en un registro, donde deberán dar cuenta del número de vehículos que tienen en circulación y de los datos de contratación de los mismos. Con ello se pretenden dos cosas. Primero, garantizar que se cumple con el requisito de contratación previa con el que deben operar las VTC, evitando así que estos coches capten viajeros circulando por las calles de la ciudad o estando estacionados en lugares de especial concentración de clientela, como puertos, aeropuertos o estaciones ferroviarias. Los taxistas aseguran que actualmente los vehículos con licencia VTC actuaban como taxis, y pedían que se regulase.

Y segundo, con ello también habrá más control sobre la denominada 'norma de habitualidad'. Por ley, los coches VTC deben prestar trimestralmente un 80% del servicio en la CCAA que le otorgó la autorización, pudiendo realizar el otro 20% restante fuera del territorio.

3. Se reforzará el cumplimiento de las normas que regulan las VTC

El Gobierno quiere ejercer un mayor control para garantizar el cumplimiento de los requisitos de circulación de los vehículos con licencias VTC. Con ello, se quiere impedir que todos aquellos que han logrado la licencia mediante sentencia judicial, y no mediante la correspondiente tramitación administrativa, crean que no es necesario el cumplimiento de las normativas que rigen este servicio, y que son iguales para todas las empresas de alquiler de vehículos con conductor sin excepción.

4. Se incrementará el control de los servicios VTC para evitar intrusismo

Por último, el Gobierno propone aumentar la lucha contra el fraude y el intrusismo en la prestación de este tipo de servicios. Se controlará aún más el cumplimiento de requisitos para ejercer la actividad, poniendo especial interés en todos aquellos operadores que hayan logrado las licencias a través de los tribunales, todo ello para lograr un "equilibrio ordenado" entre la actividad de ambos sectores, el del taxi y el de las VTC.