El próximo 1 de julio finaliza el periodo transitorio previsto por el Reglamento Europeo de Mercados de Criptoactivos (MiCA), fecha a partir de la cual solo podrán prestar servicios sobre criptoactivos en España aquellas entidades que hayan obtenido la correspondiente autorización como proveedores de servicios de criptoactivos por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Más allá de una cuestión estrictamente regulatoria, este hito marca el inicio de una nueva etapa para el ecosistema fintech y de activos digitales en Europa. Y es que, desde este momento, las entidades que no hayan obtenido autorización deberán cesar su actividad o articular mecanismos para garantizar una migración ordenada de clientes y activos. Esto tendrá importantes implicaciones para las compañías del sector, según explica la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI).
Esta nueva fase, dicen, estará caracterizada por una mayor profesionalización, un marco regulatorio homogéneo y un nivel superior de protección para los usuarios. Al mismo tiempo, las empresas deberán afrontar nuevos retos relacionados con el cumplimiento normativo, la escalabilidad de sus modelos de negocio y la creciente competencia en el mercado europeo.
"Para el ecosistema fintech, el verdadero impacto de MiCA no radica únicamente en la regulación de los criptoactivos, sino en la creación de las condiciones necesarias para que la innovación pueda desarrollarse sobre una base de confianza, seguridad jurídica y acceso a un mercado único europeo", explican desde AEFI.
Asimismo, el ecosistema de activos digitales evoluciona hacia un modelo armonizado de licencias europeas, que considerán que será "el cambio estructural más relevante" para la industria desde la aparición de los primeros 'exchanges' de criptomonedas. La principal consecuencia es la creación de "un auténtico mercado único europeo" para los servicios relacionados con criptoactivos. Así, las entidades autorizadas podrán beneficiarse del pasaporte comunitario y operar en los distintos Estados miembros bajo un marco regulatorio homogéneo.
Por otro lado, la aplicación plena de MiCA supone un incremento significativo de los requisitos regulatorios exigidos a las empresas del sector. Aspectos como el gobierno corporativo, la gestión de riesgos, los controles internos, el cumplimiento normativo, la protección de clientes o las obligaciones de reporte pasan a formar parte de la operativa habitual de los proveedores de servicios de criptoactivos. "Esta evolución eleva las barreras de entrada, pero también impulsa una mayor profesionalización del sector", explican desde la Asociación.
La nueva regulación también acelerará los procesos de consolidación empresarial, las entidades que no hayan obtenido autorización deberán cesar su actividad o buscar acuerdos con operadores autorizados para garantizar la continuidad de sus clientes. Una situación que favorecerá alianzas estratégicas, adquisiciones y procesos de integración dentro del sector. El aumento de las exigencias regulatorias puede reducir el número de operadores, pero también fortalece a aquellos proyectos que cuentan con modelos sostenibles y capacidad para crecer a largo plazo.
Asimismo, será necesario promover una verdadera homogeneización, ya que, en la práctica, la interpretación y ejecución de las normas depende de las autoridades nacionales competentes. Estas diferencias se traducen en distintos criterios sobre plazos, requisitos de gobernanza, régimen de agentes o subcustodia.
La entrada en vigor completa de MiCA también pone el foco sobre la capacidad de los distintos Estados miembros para acompañar el desarrollo de la industria. El reglamento establece reglas homogéneas para toda la Unión Europea, pero será fundamental la agilidad de los procesos de autorización, la coordinación supervisora y la capacidad institucional de cada país para generar seguridad jurídica.
El reglamento europeo también plantea importantes desafíos para la capacidad innovadora del sistema, por lo que habrá que "mantener el equilibrio entre protección del inversor, estabilidad del mercado y promoción de la innovación". Asimismo, la capacidad de las empresas para absorber los costes derivados del cumplimiento normativo, por las exigencias de inversión en tecnología, recursos humanos especializados, sistemas de control y estructuras de gobernanza también será otro punto clave.
Con todo, MiCA abre importantes oportunidades para el ecosistema fitnech a nivel nacional y comunitario, al propiciarse un marco regulatorio armonizado y un entorno de seguridad jurídica. Así, la existencia de mecanismos de supervisión, protección de usuarios y requisitos homogéneos reduce parte de la incertidumbre que históricamente ha acompañado al mercado de criptoactivos e incrementar la confianza de los clientes.
"Para el ecosistema fintech español, MiCA representa una oportunidad para consolidar proyectos empresariales con vocación europea y reforzar el posicionamiento de España como uno de los principales polos de innovación financiera del continente", sentencia AEFI.
