El Govern atrapa a Acciona: no puede dejar la gestión de ATLL sin rescindir el contrato

La constructora que preside José Manuel Entrecanales tendría que haber entregado ‘las llaves’ de Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) a principios de año. Así lo pretendía la Generalitat cuando creó el pasado verano una empresa pública que asumiría la gestión tras el fiasco de la privatización de la compañía que abastece de agua a más de 4,5 millones de bacerloneses.

La fecha para el cambio de gestor de ATLL estaba fijada para el pasado 1 de enero, pero la falta de acuerdo sobre la indemnización que corresponde a Acciona por rescindir una concesión a la que le quedaban 44 años por delante ha generado un embrollo jurídico que deja a la constructora ‘atada’ a la empresa de aguas hasta que el Govern cierre el proceso de liquidación.

¿Por qué? El contrato de concesión con el consorcio que lidera Acciona sigue existiendo y el proceso de liquidación -iniciado en junio- ha de cerrarse para que la constructora deje de estar obligada a prestar el servicio de abastecimiento de aguas a las suministradoras. Si deja de hacerlo incurriría en un incumplimiento de contrato que puede derivar en sanciones.

La batalla con el Govern se centra en el Departamento de Territorio. Tras notificar el pasado mes de junio que el contrato entraba en “fase de liquidación”, el Govern tardó cinco meses en presentar una primera propuesta en la que reclamaba a Acciona 38 millones y rechazaba pagar una indemnización a la constructora. La cifra queda lejos de los más de 300 millones que Acciona esperaba recuperar y, más aún, de los pretendidos 1.076 millones que reclama en total una vez sumados los daños y perjuicios.

CONTRATO ANULABLE

Para calcular esos 38 millones a su favor, el Govern se basó en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaraba nula la licitación, sin declarar culpable a ninguna de las partes, por lo que no cabría indemnizar a Acciona.

Pero Acciona recurrió a este Tribunal para que aclarara en qué términos había tumbado la privatización de ATLL y la decisión salió a su favor: el contrato no era ‘nulo’, sino ‘anulable’, un matiz jurídico que implica que el contrato de concesión ha existido y generado efectos por lo que su rescisión implica una indemnización.

A este argumento se agarra Acciona y va a plasmarlo de nuevo en el escrito de alegaciones que presentará en los próximos días al Govern en contra de la segunda oferta que le hizo para liquidar la concesión. A tres días de acabar 2018, Territorio volvió con otra cifra. Esta vez reconocía el derecho de la constructora a cobrar 53,8 millones, pero las cuentas todavía no salen.

El propio contrato de concesión recoge en su articulado la forma en que el Govern tiene que liquidarlo y Acciona busca que se cumpla. En base a eso, le corresponden 305 millones por la anulación. Aunque ahora el gobierno catalán se enroque, la cifra está incluso reconocida en los presupuestos de la Generalitat para 2015, con una provisión de 380 millones para cubrir el “riesgo” de que los tribunales anularan el concurso.

PROCESO DE DESAHUCIO

Aunque la pelea por ATLL se dirige desde los despachos del Departamento de Territorio, el de Economía ha echado un capote para darles algo de margen en el proceso de liquidación que han hecho a matacaballo.

Ante la negativa de Acciona a entregar la empresa el pasado 28 de diciembre, el Departamento de Patrimonio ha iniciado un proceso de desahucio administrativo, la vía para canalizar la decisión de la constructora. En paralelo, vinculado al proceso de entrega de ATLL, Acciona presentó una petición de medidas cautelares con la intención de que el TSJC haga valer el contrato de concesión todavía vigente, cerrar la liquidación conforme a esas clausulas y, con el contrato disuelto, realizar la entrega de la empresa de aguas.

Para rescindir el contrato y materializar el cambio de gestor no hace falta que la Generalitat y Acciona se pongan de acuerdo en la indemnización, indican fuentes conocedoras de la situación a este medio. Si se cierra la liquidación sin acuerdo económico, la batalla seguirá en los tribunales. Además, teniendo en cuenta que Acciona sigue al frente de la gestión, cabe esperar que el Govern incluya en la nueva propuesta de liquidación los gastos pendientes. De no hacerlo, la compañía vería la vía para sumarlos al monto total que reclama por la rescisión del contrato.

RETIRADA DE LA CONCESIÓN

La Generalitat adjudicó la gestión de ATLL al consorcio liderado por Acciona en 2012 por un período de 50 años. Disconforme con el resultado de la licitación y alegando que Acciona había incumplido parte de las bases, Agbar llevó el caso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat, que estimó en parte su recurso y excluyó a Acciona del procedimiento.

De ahí, el caso escaló y se zanjó en el Supremo hace ahora casi un año: el Alto Tribunal desestimó el último recurso de Acciona a la sentencia del TSJC que tumbaba la privatización de ATLL. Tras la decisión del Supremo, el Govern tenía que iniciar los trámites para liquidar el contrato de concesión e indemnizar a Acciona.

El pasado mes de mayo, durante la junta de accionistas, Entrecanales afirmó que no se esperaba un impacto muy elevado en las cuentas de Acciona por la pérdida de esta concesión ya que, como mínimo, contaban con recuperar los alrededor de 300 millones por la anulación del contrato, a los que la empresa suma otros 769 millones en concepto de daños y perjuicios.