La Fiscalía pide imputar a Francisco González por el caso BBVA-Villarejo
En calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional la imputación del expresidente de BBVA Francisco González por los contratos que suscribió la entidad con el comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo, según ha podido confirmar Bolsamanía.
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El Ministerio Público ha dirigido un escrito al juez instructor del conocido como caso Villarejo para que cite a declarar a González en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, según las fuentes consultadas.
La petición de citación de Francisco González llega después de que el juez Manuel García Castellón imputara el pasado verano a BBVA como persona jurídica tras solicitarlo el Ministerio Fiscal por los delitos de cohecho activos, revelación de secretos y corrupción.
La Fiscalía lo pidió, entre otras causas, porque alegaba que algunos directivos de BBVA cobraron "dádivas" por parte de Grupo Cenyt para mediar en su contratación, que se extendió entre los años 2004 y 2017.
González es la persona a la que las acusaciones apuntan como principal responsable de la contratación de Grupo Cenyt, la empresa de José Manuel Villarejo.
De ser imputado, se sumaría a la larga lista de citaciones de García Castellón, en la que están, además de BBVA y Villarejo, que protagoniza el caso Tándem, Ángel Cano (ex consejero delegado), Julio Corrochano (exjefe de Seguridad del banco), Antonio J. Béjar (exresponsable de BBVA Real Estate y presidente de Distrito Castellana Norte), Ignacio Pérez Caballero Martínez (ex de BBVA Seguros), Javier Maragón Navas (exdirector de Finanzas de BBVA), Ricardo Gómez Barrero (exdirector de Contabilidad), Inés Díaz Ochagavia (actual responsable de Seguridad tras sustituir en el cargo a Corrochano), Nazario Campo Campuzano (directivo de Seguridad del banco que permanece en la entidad) y Rafael Redondo (exsocio de Villarejo).
Uno de los que más está colaborando con la Justicia es Antonio Béjar, al que BBVA apartó de la presidencia de Distrito Castellana Norte, la empresa encargada de ejecutar la Operación Chamartín, una vez que la Fiscalía pidió para él libertad bajo fianza de medio millón de euros, una solicitud que retiró días después. Desde entonces, Béjar se ha presentado en varias ocasiones ante el juez para dar explicaciones sobre el caso y hace un par de meses el directivo fue despedido de BBVA, a la que se incorporó tras su salida de Distrito Castellana Norte.
ASÚA Y ARBIZU TAMBIÉN PODRÍAN SER IMPUTADOS
Junto a la de Francisco González, la Fiscalía ha pedido la imputación de Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres. En los años objeto de las pesquisas fue responsable del BBVA en España y Portugal y responsable de Corporate & Investment, sucesivamente.
Asimismo, Anticorrupción ha pedido que se cite como investigado a quien hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA, Eduardo Arbizu, cuya salida trascendió un día después de que el juez imputase formalmente a la entidad financiera por el caso Villarejo. Como en el caso de González y Asúa, se pide imputación por cohecho y revelación de secretos, de acuerdo a las fuentes consultadas.
Precisamente, en esta tanda de citaciones Anticorrupción pide que se cite al banco como persona jurídica, después de que se suspendiese la comparecencia inicialmente prevista por razones de agenda del juzgado y quedase pendiente de nuevo señalamiento por motivos relacionados con la defensa, de acuerdo a las fuentes consultadas.
Junto los mencionados responsables de la entidad, la Fiscalia ha pedido que se cite a personas del entorno de Villarejo ya investigadas en la causa y que participaron en mayor o menor medida en los contratos objeto de las pesquisas, 13 años de encargos por importe superior a los 10 millones de euros y que iban desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la presunta extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
Las pesquisas se siguen en la novena pieza separada de esta macrocausa que ya tiene 18 líneas distintas de investigación y que se prevé superará la veintena antes de que acabe el año, habida cuenta de la multitud de 'proyectos' y clientes del "clan parapolicial" mafioso que habría estado liderando Villarejo a través de sus empresas y de los que dejó constancia en los más de 40 terabytes de información que se le intervinieron cuando fue detenido, en noviembre de 2017.
