Prohibición de los desahucios y moratoria del alquiler, prorrogados tres meses más
Pedro Sánchez lo ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que se van a extender "tres meses más" todas las medidas de los últimos reales decretos leyes en materia de desahucios y contratación del alquiler de la vivienda. Es decir, las medidas contempladas en el llamado escudo social. Por tanto, la prohibición de los desahucios y la moratoria de los alquileres se mantendrá hasta septiembre.
"El Gobierno va a ampliar tres meses más todas las medidas de los últimos reales decretos leyes en materia de desahucios y contratación de alquiler de la vivienda", ha anunciado el presidente del Ejecutivo durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados para valorar el estado de alarma, que decae el próximo 9 de mayo. Precisamente estas medidas se habían aprobado mientras durase esta figura, pero dado que la intención de Sánchez y los suyos es no prorrogarlo a no ser que lo pidan los expertos, ha decidido anunciar la extensión del escudo social tres meses más.
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La medida, que reclamaba Unidas Podemos, se ha adoptado porque en el Gobierno, ha dicho Sánchez, "tenemos un compromiso, y siempre estaremos ahí, de no dejar a nadie atrás". "Estamos comprometidos con la Constitución y con el ejercicio del derecho constitucional a una vida digna", ha resaltado el presidente.
Por eso, se han adoptado tres iniciativas que, según el Ejecutivo, "tienen un carácter urgente y son necesarias para responder a la situación de los hogares vulnerables en el contexto de la evolución de la pandemia". Contemplan lo siguiente:
-Ampliar durante tres meses más la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda cuando el arrendador sea o un gran tenedor o una entidad pública. "El objetivo es atender determinadas situaciones de vulnerabilidad que puedan producirse más allá del 9 de mayo, actual fecha de finalización del estado de alarma, como consecuencia de la situación derivada de la evolución de la pandemia, y que se trata de una medida que no afecta a pequeños propietarios de vivienda", resalta el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en una nota.
-Extender tres meses más los contratos de arrendamiento de vivienda que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Se hará "siempre que no se hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes y que el propietario, persona física, no hubiese comunicado la necesidad de la vivienda para sí, en cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos" en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
-También la suspensión de los desahucios y lanzamientos de los arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos aquellos aspectos de hogares afectados por procedimientos de lanzamientos de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamiento cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo, previa valoración ponderada y proporcional del juez.
En este último supuesto, destaca el ministerio, se establece la posibilidad de que el juez tenga la facultad de suspender el lanzamiento "cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación". Siempre se tendrán en cuenta los casos que ya se regularon en los que la suspensión nunca podrá dictarse y son:
a) Cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario.
b) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.
c) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas.
d) Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas.
e) Cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante.
f) Que la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley.
Y, destaca el Gobierno, "en caso de que no se ofrezca una solución habitacional en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, los propietarios del inmueble tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado".
ÁBALOS DEFIENDE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA
Al mismo tiempo que Sánchez hacía este anuncio desde la Cámara baja, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, enfatizaba la importancia de la intervención pública en el ámbito de la vivienda para facilitar el acceso de los ciudadanos a ella, más allá de las políticas destinadas solo a aumentar la oferta de suelo.
Ha sido durante su intervención en el foro 'Wake Up! Spain', organizado por 'El Español'. El ministro ha dicho que la apuesta por una vivienda digna en todo el territorio español exige políticas de intervención pública directa, como ocurre en el resto de países europeos. "Apostamos por una vivienda digna en todo el territorio, algo que exige de políticas que vayan mas allá de liberar suelo. Sin infravalorar la importancia de aumentar la oferta en las zonas más tensionadas, la intervención pública directa es imprescindible, como se hace en todos los países europeos", ha señalado según recoge Europa Press.
Ábalos ha puesto en valor los 1.000 millones de euros adicionales incluidos en los fondos de recuperación y resiliencia tras el Covid-19 para combatir el déficit crónico de vivienda social en España, apostando, además, por la rehabilitación y regeneración urbana, que cuenta con otros 7.000 millones de euros. Esta última partida representa cerca de 10% de la contribución que hace el sector de la rehabilitación al PIB, destinada a "alcanzar eficazmente a la mayoría de la población", de forma que se prioricen las actuaciones en los barrios con mayores carencias.
