Las dos exigencias del taxi que Fomento se niega a incluir en la nueva legislación de las VTC

El Gobierno pretende garantizar una “convivencia ordenada y equilibrada” entre los taxistas y las empresas con vehículos VTC con las nuevas medidas

Así lo confirmaba este miércoles el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, en declaraciones a la prensa en las dependencias del Ministerio de Fomento. Tras explicar detalladamente cuáles eran las medidas previstas por el Ejecutivo, que busca garantizar una “convivencia ordenada y equilibrada” entre los taxistas y las empresas con vehículos VTC, el 'número dos' de Íñigo de la Serna dijo que el Ministerio está dispuesto a recibir nuevas propuestas por parte de los taxistas, aunque reconoció que algunas de sus reclamaciones se habían quedado fuera del Real Decreto que se está ultimando y cuya aprobación se ha retrasado hasta principios de 2018, pese a que inicialmente se anunció que saldría adelante a finales de año.

La explicación de Gómez-Pomar para justificar la no inclusión de estas reclamaciones de los taxistas fue sencilla: “No está en nuestras manos, sino en las de las comunidades autónomas”. El secretario de Estado explicó que el sector del taxi había hecho un par de reclamaciones que escapaban a las competencias de Fomento, y que por ello no estaban entre las nuevas medidas previstas para las empresas de alquiler de coche compartido.

Citó la petición del taxi de que las CCAA pudieran hacer frente a una amortización de las licencias de los vehículos VTC, es decir, pedía que las regiones pudiesen recuperar algunas de las licencias concedidas en los últimos años. Los taxistas se quejan del incremento que se ha producido en el número de licencias VTC, que ha hecho que el ratio fijado por ley, y según el cual no puede haber más que un coche de estas características por cada 30 taxis, no se cumpla. Según los datos de Fomento, a fecha de 2 de noviembre había en España un total de 64.114 licencias de taxi, frente a las 6.173 licencias VTC, lo que deja la ratio en 1 coche del servicio de vehículo con conductor por cada 10 taxis, y el ratio puede reducirse aún más si la Justicia sigue otorgando estas licencias. Y es que según los taxistas, a las ya otorgadas pueden sumarse entre 10.000 y 11.000 más por las reclamaciones que aún están por resolverse en los tribunales.

Respecto a la reclamación del taxi que ha sido 'rechazada' para su inclusión en la nueva legislación, Gómez-Pomar explicó que lo que deben hacer las propias comunidades autónomas es “estudiar si dentro del marco legal están en condiciones” de amortizar licencias VTC. “Si entienden que la proporción se ha superado de una manera indeseable, podrían actuar en esta dirección”, explicó el 'número dos' de Fomento, que reconoció que en algunas ciudades la ratio es realmente reducida y se aleja mucho de lo marcado por ley.

Aunque no es la única medida que se ha quedado fuera. El secretario de Estado también aseguró que los taxistas habían pedido que se fijasen “tiempos de precontratación muy extensos entre el momento en el que se contrata el servicio VTC y la propia prestación del servicio”. Hay que recordar que este servicio funciona bajo la premisa de la precontratación, de forma que no pueden recoger pasajeros a pie de calle, ni tampoco en zonas de gran demanda, como estaciones de tren o aeropuertos. El problema, dicen los taxistas, es que con las apps de Uber y Cabify estos tiempos se reducen al máximo, de forma que la contratación es inmediata, y no se cumple con la ley.

El responsable de Fomento afirmó que la exigencia de los taxistas “no es algo que nosotros podamos incorporar al marco legal” porque podría vulnerar el principio de competencia. Es más, Gómez-Pomar dejó claro que, “en todo caso, las principales medidas para hacer frente a la especulación y para dar una herramienta de control a las administraciones están incorporadas en este Real Decreto que estamos tramitando”, por lo que no caben reclamaciones como esta.

¿QUÉ ES LO QUE SÍ HA INCLUIDO EL GOBIERNO?

Entre las medidas que sí ha incluido el Ejecutivo en el mencionado Real Decreto, todas ellas reclamadas por el taxi, destacan la prohibición de transmitir las licencias VTC hasta dos años después de su otorgamiento, para impedir prácticas especulativas de aquellas empresas que solicitan estas autorizaciones para “lucrarse con su inmediata reventa”. Aunque no es la única, ya que el Gobierno también va a crear un registro estatal de los servicios VTC para garantizar que estas empresas cumplen con la legislación.

Se prohibirá la venta de las licencias VTC hasta dos años después de su otorgamiento para impedir prácticas especulativas

Con esta base de datos, en la que las compañías deberán dar cuenta del número de vehículos que tienen en circulación y de los datos de contratación de los mismos, Fomento quiere garantizar que se cumple el requisito de contratación previa, y también controlar la denominada 'norma de habitualidad', y es que por ley los coches VTC deben prestar un 80% del servicio en la CCAA que le otorgó la licencia, pudiendo realizar el otro 20% restante fuera de ese territorio. Los datos recabados se trasladarán a CCAA y ayuntamientos para que decidan si deben hacer una inspección o ejercer mayor control, ya que son estas administraciones las competentes en esta materias.

Las explicaciones de Fomento sobre lo que incluirá o no el Real Decreto se produjeron en plena huelga de taxistas. El sector convocó este miércoles a sus 70.000 conductores a un paro de 24 horas para denunciar el “intrusismo” de empresas como Uber y Cabify en su negocio. Además, organizaron una manifestación por el centro de Madrid a la que según las organizaciones de taxistas acudieron 20.000 personas, aunque el departamento de Íñigo de la Serna rebajó esa cifra hasta 4.000.

Los taxistas, descontentos con las medidas anunciadas por el Gobierno, han amenazado con prolongar las movilizaciones del sector convocando nuevas huelgas y manifestaciones si no ven “voluntad política” por parte del Ejecutivo para dar solución al conflicto. Desde Fomento se limitan a aclarar que siguen “abiertos a todas las medidas que se puedan proponer para que haya una ordenación cabal y una convivencia buena para los ciudadanos entre taxis y VTC”.