El tribunal dispensa a Narcís Serra de ir a todas las sesiones del juicio de Caixa Catalunya
Los acusados no empezarán a declarar hasta el 11 de octubre y quedan todos dispensados
La Sección 8 de la Audiencia de Barcelona juzgará a partir de este jueves al expresidente de Caixa Catalunya y exministro socialista, Narcís Serra, y otros 40 acusados por la causa los sueldos supuestamente desproporcionados de la entidad en los años de mayor crisis económica, entre 2008 y 2012. El tribunal permitirá que tanto Serra como el resto de acusados se ausenten si así lo solicitan durante las sesiones del juicio.
El juicio ha empezado a las 10 horas de este jueves y se prolongará hasta el 30 de noviembre, con un total de 28 sesiones, si bien los acusados no empezarán a declarar hasta el 11 de octubre, por delitos de administración desleal y delito societario.
Narcís Serra, junto al que fue director general de Caixa Catalunya, Adolf Todó, y otros 15 exconsejeros de la entidad se enfrentan a una petición de cuatro años de cárcel por parte de la Fiscalía por dos presuntos delitos de administración desleal por una "irresponsable política de retribuciones".
La Fiscalía reclama para los otros 24 acusados penas de dos años al acusarles de un único delito de administración desleal, y pide indemnizar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) por el perjuicio causado, que se cifra en más de 2,5 millones de euros.
La acusación particular de la Confederación Intersindical de Cajas (Cic) pide para Todó diez años de cárcel por administración desleal y apropiación indebida, para los otros 40 acusados, entre ellos Serra, cuatro años de cárcel por administración desleal, mientras que la CUP, que también es acusación particular, solicita penas de hasta siete años para los dos principales acusados.
"ESPÚREO MANEJO"
El fiscal Fernando Maldonado acusa por sueldos que se concedieron a consejeros de la entidad bancaria en plena crisis económica, cuando ésta estaba recibiendo fondos del FROB, que entre 2010 y 2012 aportó a la caja más de 12.000 millones de euros.
Les acusa de "un reprochable y espúreo" manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo tendría que haber sido procurar un adecuado beneficio para la obra social y evitar un despilfarro de fondos en beneficio de los altos directivos.
Considera que en la entidad investigada existieron "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su real situación de insolvencia", en medio de una grave crisis económica que conllevó que la entidades despidiera a más de 1.600 trabajadores.
Pese a la difícil situación económica general, del sistema financiero y, en especial de Caixa Catalunya, los sueldos de Adolf Todó "no dejaron de subir" durante 2009, 2010 y 2011.
ADOLF TODÓ
Entre otras decisiones bajo investigación, está el pago a Todó de una retribución fija anual de 600.000 euros --que luego incluso se aumentó-- a lo que había que sumar una retribución variable del 35% del total, condicionada al cumplimiento de objetivos.
Se estableció para él una cláusula de prejubilación a partir de los 60 años por la que cobraría hasta los 67 una renta mensual del 90% de su sueldo, y a partir de los 67 "una renta vitalicia" del 80% de lo recibido los 12 meses anteriores.
Otra cláusula establecía que, en caso de morir, su hija podría recibir una pensión vitalicia por el 50% de la retribución cobrada por Todó los últimos doce meses.
En total, Todó percibió más de cuatro millones de euros entre 2008 y 2012 --sumando las retribuciones fijas y las variables-- a lo que hay que añadir aportaciones al plan de pensiones.
NARCÍS SERRA
A Serra, además de "elevados emolumentos en concepto de dietas" por presidir las comisiones y el consejo de administración --que oscilaron entre 24.801 y 135.707 euros al año--, a partir de 2007 se le asignó un sueldo como presidente no ejecutivo de unos 175.000 euros anuales.
La Fiscalía también alude a "las escandalosas y millonarias indemnizaciones" percibidas por otros miembros del consejo de administración en el marco de la irresponsable política de retribuciones --en palabras del Ministerio Público--, a cuenta de las dimisiones que se produjeron tras la fusión en 2010 de la Caja de Ahorros de Tarragona y de Manresa con Caixa Catalunya.
