Qué pueden reclamar los clientes antes y tras el fallo del Supremo sobre las revolving

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Los intereses de las tarjetas de crédito denominadas como revolving no son, por definición, "estándar", lo que significa que los criterios bajo los cuales los bancos los establecen son diferentes para cada entidad. Este tipo de financiación tienen un vencimiento más corto y requieren menos documentación del cliente que otros préstamos destinados al consumo, pero también tienen intereses más altos que la media de ellos.

Teniendo en cuenta la definición de usura según la ley vigente en España, que data de 1908, un préstamo puede considerarse como usurero cuando el tipo de interés cobrado está por encima de la tasa de interés normal para el dinero y es claramente desproporcionado, algo que "deja la definición abierta a la interpretación", señalan desde Barclays en un informe, en el que añaden que "estos criterios no son lo suficientemente claros y están dando lugar a malentendidos por parte de tribunales y jueces".

El Tribunal Supremo dictó en noviembre de 2015 que el interés cobrado en las tarjetas revolving estaba por encima de los tipos normales y superaba en más de dos veces el interés promedio de los préstamos de esta naturaleza, ya que de media se sitúan rondando el 25%. Sin embargo, el principal problema surge cuando el Banco de España decide en 2010 publicar mensualmente por separado los intereses de los préstamos con tarjeta revolving y otros préstamos personales de crédito al consumo. "Los tribunales utilizan los datos de los créditos al consumo publicados por el Banco de España para calcular los intereses, sin tener en cuenta los tipos de interés de las tarjetas de crédito revolving, que en realidad son mucho más altos, explica la entidad.

RECLAMACIONES

Si en la sentencia que se espera para estos días el Tribunal Supremo decide que las tarjetas revolving pueden considerarse usura, la ley establece que el contrato tendría que ser declarado nulo, lo que obliga a los clientes a pagar solo el capital y no los intereses y, por lo tanto, fuerza a los bancos a devolver los intereses cobrados. Con este escenario, hasta 2015, los clientes podían reclamar los intereses pagados durante la vigencia del préstamo y presentar su reclamación hasta 15 años después de que el préstamo haya sido cancelado. Después de 2015, los clientes pueden reclamar los intereses pagados durante el período de vigencia del préstamo y hasta cinco años después de su cancelación.

Desde Barclays plantean dos escenarios para el fallo del Tribunal Supremo. Uno es que confirmen su dictamen anterior, lo que sería negativo para los bancos. El otro es que decida que los tipos de interés de referencia para declarar un préstamo como abusivo o usurero deben basarse en los precios publicados por el Banco de España, lo que sería positivo para los bancos. En sus previsiones no incluyen que se declaren nulos todos los préstamos de tarjetas revolving, porque el sistema legal español se basa en el principio de libertad de pactos en las cláusulas contractuales, con la usura considerada como un factor limitante. Además, esto significaría un cambio radical en la práctica actual.

"Por lo tanto, creemos que determinar si un préstamo es usura o no tiene que hacerse caso por caso, con criterios claros en cuanto a los tipos de interés de referencia y las condiciones", opinan en Barclays, que señalan a Bankinter, Sabadell y Caixabank como los bancos españoles más afectados por una decisión desfavorable para el sector por parte del Tribunal Supremo. "Estimamos una reducción promedio de las ganancias futuras del 2,4%" y una "mayor provisión para bancos". En el caso de una decisión favorable para los bancos, "no habrá ningún efecto en las ganancias futuras, aparte de los productos bancarios comerciales en curso".