Necesita mejorar: por qué España sigue a la cola de Europa en recaudación 'verde'

Una vez más, tras varios años en los últimos puestos del ranking, España se mantiene como uno de los países de la Unión Europea (UE) que menos recauda por impuestos medioambientales. Concretamente, ocupa la tercera peor posición de la clasificación, según los recientes datos publicados por Eurostat, un dato preocupante que se añade al descenso generalizado en fiscalidad ambiental de los países miembros. ¿Cuáles son las razones?

Con cifras de 2019, y con el efecto de la pandemia todavía sin contabilizar, los datos presentaron una peculiaridad para el conjunto de la UE: la recaudación se situó en unos 330.600 millones de euros, un 1,85% superior al año anterior. Sin embargo, la proporción de los impuestos ambientales sobre el total de impuestos alcanzó el 5,9%, una décima inferior que el ejercicio precedente. Los resultados europeos, por tanto, ofrecieron dos conclusiones: una positiva, sobre el aumento de la cantidad recaudada, y otra negativa, referida a su proporción sobre el total de ingresos fiscales.

Además de esto, la recaudación respecto a 2002 aumentó unos 113.000 millones de euros, si bien su proporción respecto al Producto Interior Bruto (PIB) retrocedió del 2,6% al 2,4%. Del mismo modo, la recaudación ambiental respecto al total de los ingresos fiscales y contribuciones sociales disminuyó del 6,6% al 5,9%.

ESPAÑA, A LA COLA DE EUROPA

Más allá de los datos recogidos por la UE, España, según Eurostat, se mantiene una vez más en las últimas posiciones de Europa como uno de los países con menor recaudación en este tipo de impuestos. De hecho, ocupa la tercera peor posición, con unos números preocupantes y por debajo de la media europea.

El peso de la fiscalidad ambiental sobre el total de ingresos se colocó en el 5%, nueve décimas menos que la media de la UE. Asimismo, su recaudación total fue de 20.050 millones de euros, significando un 1,7% del PIB español, muy por debajo del 2,4% de los países europeos.

Los datos de España no invitan al optimismo. Con el paso de los años, la relevancia de los impuestos ambientales sobre la presión fiscal ha ido bajando escalones. El objetivo de nuestro país de aproximarse a la media europea está todavía lejos, y desde las instituciones europeas ya advirtieron al Gobierno central de que debe tomar cartas en el asunto para, al menos, acercar sus cifras a las de los países más desarrollados de la Eurozona.

Por ello, el Ejecutivo ya propuso, desde la formación de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, una reforma fiscal fuerte que impulsara la fiscalidad ambiental de cara a un futuro más sostenible.

Sin ir más lejos, en octubre del año pasado, el gabinete de Pedro Sánchez trasladó el proyecto de una nueva reforma fiscal, incluido en el Plan de Recuperación, a un comité de expertos. Entre las medidas más destacadas del documento, se encontraban reformas en la fiscalidad ambiental. "Se trata de lanzar señales fiscales y de precio que orienten hacia inversiones y gestión dirigidas a la sostenibilidad", explica el dossier enviado a la Comisión Europea, que incluía un paquete de medidas para abordar la crisis económica derivada del coronavirus.

APROXIMAR LOS IMPUESTOS A LA MEDIA EUROPEA

Los impuestos ambientales más importantes, tanto en la UE como en España, han sido desde siempre los referidos a la energía, que constituyen el 77,9% del total de los ingresos ambientales. Tributos especiales como el de hidrocarburos o sobre el carbón han estado en el tema de debate en los últimos años, y desde el comienzo de su mandato, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha defendido el aumento de la tributación de impuestos como el diésel.

En este sentido, propuso aumentar el tipo que grava el gasóleo y equiparar su precio con la gasolina. Según fuentes del Gobierno, colocar al mismo nivel ambos carburantes supondría un incremento de 3,8 céntimos por litro para el diésel, por lo que llenar el depósito podría suponer un costo adicional de unos 2,3 euros. Sin embargo, durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Ejecutivo decidió sacar esta propuesta de las cuentas para 2021.

Asimismo, desde diferentes sectores han pedido al Gobierno que solucione la alta fiscalidad que está ya generando el cambio a la nueva normativa WLTP sobre la medición de emisiones, que afecta al Impuesto de Matriculación y que grava en función de los gramos de CO2 por kilómetro.

Para dar salida a la problemática ambiental y fiscal de nuestro país, en el mes de octubre un grupo formado por más de 130 expertos elaboró un informe con una batería de propuestas para la armonización fiscal y la implantación de nuevos tributos 'verdes'. De esta forma, defienden que es necesario un programa de estímulo para la adopción de energías limpias, investigación en nuevas fuentes de energía y elevar la fiscalidad energético-ambiental a los niveles medios de la UE.

Sobre esta última propuesta, el Consejo General de Economistas llegó a considerar en 2019 la necesidad de equiparar el impuesto del diésel con el de la gasolina, introducir un tipo gradual sobre el gas y el carbón en los hogares y aumentar los tipos en otros impuestos ambientales, aproximándolos a los valores promedio de la zona euro. Según la Comisión Europea, la aprobación de estas medidas, entre otras, supondría un incremento recaudatorio de 32.801 millones de euros en España para 2035, dejando un futuro más esperanzador y más próximo a las cifras de los homólogos europeos.