Se trata de uno de los debates más antiguos generados alrededor del Estado de las Autonomías, y que cobró una relevancia especial con el estallido de la crisis. La realidad del gran número de entes locales creados por las autonomías en las décadas previas al estallido de la crisis, fue sin duda un punto de fricción importante, y ahora, cuando menos se habla de estos entes locales, es cuando les ha alcanzado los últimos años una verdadera sangría de eliminación, basta con ver los datos relativos a 2013 para darnos cuenta de esta realidad.
Las Comunidades Autónomas eliminaron en el año 2013 675 entidades locales, y aplicaron una reducción cercana a los 5500 trabajadores durante el mismo periodo de tiempo. Esto viene a sumarse a los reajustes de los entes locales que ya venían dándose los últimos años, y que se orientaban a las políticas de reducción de gasto y mejora de la eficiencia en los sectores públicos. Realmente, se está incluso muy por encima de lo que se adquirió el compromiso por parte de las autonomías.
Y es que si atendemos los datos aparecidos en el informe sobre reordenación del sector público autonómico a principio de año, resulta que la supresión de entidades locales en 2013 vino a representar un 133% más de los compromisos adquiridos previamente en este sentido por los gobiernos autonómicos.
En el global del compromiso de reducción, que lleva aplicando eliminación y supresión de organismos y entidades locales desde el año 2011, nos encontraríamos ya con un cumplimiento del 85%, con lo cual realmente aún queda margen para seguir superando las cifras indicábamos anteriormente, algo que parece va a continuar y de nuevo superar de largo la expectativa del compromiso para poder realizarse antes incluso de lo previsto.
Recordamos que este proceso de reajuste, va a llevar al sector público instrumental de las comunidades a componerse de no más de 1579 entidades locales frente a las 2369 existentes antes de la reordenación, esto va a suponer, según la estimación un ahorro cercano a los 2000 millones de euros para lo que además del cierre de las entidades locales habrá sido necesario despido de en torno a 6000 empleados de las mismas.
Por comunidades, La Rioja ya ha cumplido con la liquidación de todos los organismos previstos, en el otro extremo, Asturias y Cataluña son las que mayor lentitud están acumulando en este proceso.
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