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Alemania podría expulsar a los inmigrantes comunitarios que no encuentren trabajo en seis meses

Malas noticias para quienes tengan en mente salir al extranjero a buscar trabajo, y peores para quienes ya hayan tomado esa decisión y se encuentren en estos momentos en algún punto de Alemania repartiendo curriculums por doquier.

Berlín planea introducir una modificación en su normativa migratoria mediante la cual se determine un plazo de entre tres y seis meses para que los inmigrantes comunitarios en el país germano encuentren un trabajo, y en caso de que esto no sucediera en el tiempo fijado, las autoridades podrían obligar a estas personas a regresar a sus países de origen.

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Una medida para todos pero no tanto

Esta medida está claramente dirigida a los inmigrantes provenientes de Rumanía y Bulgaria, pero afectaría a todos los europeos que residen en Alemania, también a los más de 135.000 españoles que están allí establecidos. Su objetivo es evitar que ciudadanos de otras nacionalidades accedan al sistema social germano gracias a la libre circulación de personas que constituye una de las principales señas de identidad de la Unión Europea. No obstante, este organismo supranacional no considera que la nueva norma vulnere la directiva de libre circulación, porque en ella no se establece que el derecho de residencia de los trabajadores en otro Estado miembro sea ilimitado.

Desde el Gobierno de Merkel justifican la medida como una forma de controlar el fraude social que llevan a cabo numerosos inmigrantes, según afirman, y por ello plantean exigir a los extranjeros un número de identificación fiscal a la hora de solicitar cualquier ayuda. En su opinión, muchos inmigrantes procedentes del sur y el este de Europa acuden a Alemania atraídos por los beneficios de su sistema social. En este sentido, para aquellos que comentan fraude, plantean expulsiones inmediatas y prohibiciones de volver a entrar en el país durante un tiempo determinado.

El número de españoles en Alemania se ha incrementado desde 2009 algo más de un 30%, pasando de los 104.002 de aquel año a los 135.539 actuales.

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