Gobierno peruano busca ampliar regulación sobre empresas privadas de seguridad

El Gobierno peruano busca ampliar la regulación sobre los servicios de seguridad privada, una actividad que ha estado en medio del escrutinio público por la cantidad de casos de presunto espionaje y seguimiento que han acontecido en el país.

En el proyecto de ley presentado al Congreso, el Poder Ejecutivo define las actividades de las empresas de seguridad, los servicios que pueden prestar y los requisitos que deben cumplir para el desarrollo de sus operaciones.

Entre las prohibiciones, plantea que no podrán utilizar equipos y elementos que afectan la seguridad pública y la defensa nacional, tales como los de detección, interferencia o escucha de las comunicaciones; así como establecer redes de información de vulneren el derecho de la intimidad personal.

Las empresas dedicadas a esta actividad tampoco podrán usar información privilegiada de los clientes con fines distintos a los establecidos en el contrato de servicios respectivos y, además, contratar, capacitar, entrenar o adiestrar mercenarios o personal de similar naturaleza, contraviniendo tratados y acuerdos internacionales vigentes.

El personal de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas en actividad o disponibilidad están prohibidos de desarrollar servicios de seguridad privada en cualquier de sus modalidades (accionista, socio, miembro del directorio, administrador gerente o representante legal de las personas jurídicas que desarrollan esta actividad).

Los socios o accionistas de estas empresas no podrán tener antecedentes penales por comisión de delitos dolosos, ni haber trabajado en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), en el control de empresas privadas de seguridad.

Lea además: Licencia de maternidad se amplia en dos semanas en Perú