La Generalitat desvió 500 millones de euros en contratos a empresas afines en la época de Artur Mas
Según El Español, entre 2011 y 2015 se creó una red para amañar contratos con Germà Gordó y Andreu Viloca como facilitadores
- Muchas de las empresas beneficiadas financiaron después a Convergència
La Generalitat manipuló contratos públicos durante cinco años por valor de hasta 500 millones de euros. Según explica 'El Español', el Govern catalán creó una red que amañaba contratos de manera sistemática para beneficiar empresas afines a Convergència durante la época de la presidencia de Artur Mas, entre 2011 y 2015. El digital explica que ha analizado cientos de miles de documentos que prueban que el Ejecutivo convergente adjudicaba contratos a estas empresas, con la intermediación del exconseller de Justicia Germà Gordó y del tesorero de Convergència Andreu Viloca.
El digital también señala que muchas de estas adjudicaciones se pagaron después con fuertes sumas al partido por parte de algunas de estas empresas que contribuyeron a su financiación. Para llegar a estas conclusiones, el medio ha analizado “2.000 gigas de información”, que abarcan todos los expedientes de las obras públicas licitadas desde 2011, informes de valoración y comunicaciones internas de funcionarios, altos cargos y responsables políticos.
El análisis de esta documentación desvela dos cosas, según el medio, que el ex presidente de la Generalitat y sus allegados generaron un sistema para burlar controles administrativos. También demuestra que las empresas públicas del Ejecutivo catalán se usaron para colocar a militantes de CDC.
CASO 3%
Toda esta información se relaciona con el ‘caso 3%’, por el que Gordó está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El exconseller y actual diputado de JuntspelSí estaba citado a declara este lunes por los delitos de supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos, pero su comparecencia se ha aplazado. En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC se declaró competente para investigar a Gordó -dada su condición de aforado al ser diputado-, mientras el juez de El Vendrell continuará tramitando la causa contra el resto de investigados, que no son aforados.
En el caso 3% -de supuestos cobros de comisiones de CDC a cambio de concesiones de obras públicas desde instituciones que controlaba- están siendo investigados los extesoreros convergentes Daniel Osàcar -también encausado en el caso Palau- y Andreu Viloca, además de varios empresarios.
Un escrito de hace unos meses de la Fiscalía Anticorrupción veía acreditado que Gordó -también exsecretario del Govern de Artur Mas- era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC.
Los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda no veían "explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones" que Gordó mantuvo con empresarios, algunas de ellas en la sede de CDC e incluso en el Palau de la Generalitat.
"Germà Gordó ha ido más allá del tráfico de influencias y ha actuado decisivamente para la adjudicación de contratos con la Administración pública", concluía la Fiscalía en ese informe, que señalaba al ahora diputado como actor principal en las contrataciones.
