El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 198.221 millones en los PGE de 2023
Mantiene el déficit en el 5% este año
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', del Presupuesto del Estado para 2023, que se eleva a la cifra récord de 198.221 millones de euros, lo que supone un 1,1% más respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea (UE).
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"El nuevo 'techo de gasto' alcanza una cifra récord, aunque ello no impedirá que sigamos reduciendo nuestro desequilibrio y manteniendo el esfuerzo inversor", ha asegurado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha detallado el nuevo límite de gasto no financiero para 2023.
Con este paso, el Ejecutivo da el pistoletazo de salida para la elaboración de las últimas cuentas públicas de esta legislatura, que tienen como objetivo consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta el complejo panorama económico actual, marcado por la guerra en Ucrania y la escalada de precios.
Junto a la aprobación del 'techo de gasto', el Gobierno ha actualizado los objetivos de déficit y deuda. En cuanto al déficit público, Hacienda ha mantenido su previsión, al augurar un desajuste del 5% del PIB este año, y ha establecido una tasa de referencia del 3,9% del PIB en 2023, la misma incluida en el Programa de Estabilidad 2022-2025 .
En julio del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2022, que se aumentó ligeramente hasta los 196.142 millones de euros, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.
En un contexto marcado por la escalada inflacionista y la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, el Ejecutivo ha dado 'luz verde' a un nuevo techo de gasto, teniendo en cuenta que lleva dos años batiendo cifras récord.
Este paso es el punto de partida del camino hacia la aprobación de las últimas cuentas públicas de esta legislatura del Gobierno de coalición, que tienen como objetivo consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta el complejo panorama económico actual.
El último cuadro macroeconómico del Gobierno establece un crecimiento económico para 2022 del 4,3%, con la previsión de que la recuperación de los niveles prepandemia llegará en el primer trimestre de 2023.
No obstante, el alza de la inflación, que se prevé que continúe en niveles elevados todo el verano, ya está presionando las cuentas de hogares y empresas. Según los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,9% en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual hasta el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985.
Pese a que el Ejecutivo sostenía hace unos meses que el repunte inflacionista sería "transitorio", los datos muestran que esa escalada no ha cesado, incluso con las medidas adoptadas por el Gobierno para hacerle frente. Eso sí, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que sin las medidas económicas aprobadas, la inflación sería del 15%.
Pero en un contexto de tanta incertidumbre, el presidente del Ejecutivo ya ha advertido a los españoles de que se preparen para cualquier escenario en los próximos meses, recalcando que seguirá "articulando medidas" para amortiguar los efectos de la guerra.
YA ESTÁ FIRMADA LA ORDEN PARA ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
Cabe recordar que el pasado mes de junio el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que se establecen las normas para la elaboración de las cuentas públicas del próximo año.
En la Orden, firmada por Montero, se subraya que la economía española afronta esta situación de incertidumbre global desde una posición "sólida", con un patrón de recuperación muy distinto al de crisis anteriores y con unos fundamentos "más robustos", con un nivel de empleo récord desde 2008 y un aumento considerable de los contratos fijos como consecuencia de la reforma laboral.
La Orden de elaboración de los Presupuestos también tiene en cuenta la decisión de la Comisión Europea de extender a 2023 la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que en la práctica implica que las reglas fiscales seguirán suspendidas durante el próximo ejercicio.
El Gobierno, al igual que el año pasado, solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a certificar que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Ejecutivo, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
En todo caso, Hacienda recuerda que la responsabilidad fiscal de España "se mantiene y está recogida en el último Programa de Estabilidad enviado a Bruselas", donde se incorpora una senda a medio plazo que permitirá reducir el déficit por debajo del 3% del PIB en 2025 y situar el nivel de deuda pública por debajo del 110% del PIB para ese mismo año.
En cuanto a los criterios que seguirá el Gobierno para asignar los recursos de los PGE, la Orden da prioridad a aquellos que permitan continuar impulsando el proceso de transformación estructural de la economía, avanzando hacia un país "más verde, más digital, más cohesionado desde el punto de vista social y territorial y más igualitario".
De igual forma, los PGE de 2023 apoyarán, con medidas específicas y temporales, a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables ante la escalada de los precios energéticos.Otros objetivos de las cuentas del próximo año serán modernizar el tejido productivo, potenciando la eficiencia de las administraciones públicas y el papel de las pymes y autónomos; impulsar la cohesión social y territorial de España reforzando el Estado del Bienestar y la sanidad pública, potenciando un sistema fiscal "justo y equitativo", y estableciendo iniciativas que permitan afrontar el reto demográfico.
Se buscará también garantizar la plena igualdad de género y la seguridad y libertad de las mujeres a través de medidas orientadas a la conciliación familiar y a incrementar la tasa de empleo femenino, así como combatir la violencia de género, impulsando de manera simultánea la participación paritaria e igualitaria de las mujeres en la economía y en la sociedad.
