Interventora adjunta dice que el sistema de ayuda a los ERE era "opaco al control" pero no detectó menoscabo
Afirma que la Dirección General de Trabajo "sabía" que estaba concediendo ayudas sin someterlas a fiscalización previa
SEVILLA, 11 (EUROPA PRRESS)
Teresa Arrieta, interventora adjunta a la Intervención General de la Junta desde 2005, ha manifestado este lunes que el sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos era "opaco al control", si bien ha precisado que no detectaron riesgo de menoscabo, "para nosotros siempre fueron irregularidades administrativas".
Arrieta, que desde 2005 hasta 2010 fue interventora adjunta a la Intervención General en el área de Control Financiero de entidades públicas, de Control Financiero Permanente, además de subvenciones y de Fondos Europeos y desde 2011 hasta la actualidad sigue como interventora adjunta a la Intervención en distintas áreas, ha declarado como testigo este lunes en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas investigadas entre 2001 y 2010.
En virtud del convenio marco de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Dirección General de Trabajo allegaba fondos del programa presupuestario 31L a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación para que el ente instrumental materializara el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo.
A juicio de Arrieta, el modo de conceder las ayudas era "opaco al control" porque "no se podía someter a la fiscalización previa en la Dirección General de Trabajo pues eran subvenciones sin expedientes de gastos asociados". Además, ha añadido que "tampoco" se podía someter al Control Financiero de Subvenciones ni al Control Financiero Permanente, régimen de fiscalización al que estaba sometido IFA/IDEA, porque "la concesión de las ayudas no está en el ámbito de IFA/IDEA".
En este sentido, ha precisado que estaba fuera del Control Financiero de Subvenciones, ya que éste se realizaba dentro de un plan anual de selección de subvenciones que estaban registradas y contabilizadas, y como las ayudas de los ERE no contaban con expedientes de gastos no podían ser contabilizadas y, por ello, no se podían someter a este régimen de control.
Arrieta, que ha señalado que conoció el informe adicional de 2005 al informe de cumplimento de 2003 del Control Financiero Permanente, ha señalado que "los mismos problemas" que venían recogido en éste se seguían recogiendo en los informes del Control Financiero Permanente posteriores.
En este sentido, ha afirmado que la Consejería de Empleo "podía haber hecho más" tras recibir el informe adicional de 2005, añadiendo que el propio gestor "no necesita que se le diga más veces que estaba usando un procedimiento irregular".
En cuanto al uso inadecuado de las transferencias de financiación para allegar fondos a IFA/IDEA para pagar las ayudas, Arrieta ha señalado que la solución no estaba en la presupuestación, sino en la ejecución del gasto por la Dirección General de Trabajo, ya que "la concesión de las subvenciones estaban fuera de todo circuito".
No obstante, Arrieta ha afirmado que para ellos --interventores-- las deficiencias detectadas "siempre fueron irregularidades administrativas", no suponían riesgo de menoscabo de fondos públicos.