Minoristas de Abengoa critican las "leoninas" condiciones en la reestructuración

"Se podrían enumerar multitud de casos provocados por la banca acreedora y los fondos buitre que han ido desangrando a Abengoa debido a unas condiciones que podrían considerarse como usureras, siendo ya unos 3.000 millones de euros los que la compañía ha tenido que pagar desde 2016 como gastos financieros", han señalado en un comunicado.

Asimismo, han explicado que esto llevó a la compañía a introducir cantidades en comisiones e intereses "totalmente desproporcionadas" como los 138 millones en concepto de 'gastos de reestructuración' en el año 2017 con un interés de hasta el 18%, "aprovechándose de la situación de debilidad de la compañía".

De esta forma, han detallado que, en el 2018, Abengoa vendió su participación en Atlantica Yield a la compañía canadiense Algonquin Power & Utilities Corp por un valor aproximado de 870 millones de euros, que fueron a parar "en su totalidad a manos de la banca acreedora, dejándose por el camino más de 20 millones de euros en concepto de 'comisiones de intermediación'".

"Ni la banca acreedora ni el propio consejo de administración se preocuparon en ese momento de destinar parte de los ingresos obtenidos para que Abengoa pudiese disponer de un fondo de maniobra para poder conseguir más adjudicaciones de obra. A día de hoy, Atlantica Yield ya vale el doble de su precio de venta", han asegurado.

Así, los minoristas han señalado que "otro ejemplo de este expolio" es la venta de las plantas de bioetanol en España y Francia por 140 millones en marzo abril de 2017. "Este mismo negocio se ha vendido posteriormente por la empresa que lo compró a un fondo de Deutsche Bank por unos 400 millones en octubre de 2020, triplicando su beneficio en tan solo tres años", han detallado.

También han indicado que mientras el anterior consejo de administración, presidido por Gonzalo Urquijo, alarmaba sobre la necesidad de inyectar urgentemente ayudas públicas a la compañía a través del ICO y el Cesce, "el entonces presidente y su consejo de administración tenían acordado un incentivo de 58 millones de euros si culminaban con éxito el último plan de reestructuración".

A su juicio, este plan de reestructuración estaba "pensado nuevamente para favorecer los intereses de la banca acreedora y los fondos buitre, y no pensando en la viabilidad de la compañía, ya que nunca les ha importado". Prueba de ello es, según han afirmado, el entramado de sociedades intermedias con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo, "creadas para facilitar y ocultar todos estos movimientos en los planes de reestructuración".