Economía.- Menos de 10.000 hogares en España tienen contratada alguna tarifa social de telecomunicaciones
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Menos de 10.000 hogares en España tienen contratada alguna tarifa social de telecomunicaciones, según se desprende del análisis realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que ha publicado este martes.
El organismo ha analizado las tarifas sociales de telecomunicaciones que comercializan los principales operadores, así como los precios de los servicios incluidos en el servicio universal -telefonía fija y acceso a internet de banda ancha-, concluyendo que estas tarifas tienen actualmente una "efectividad limitada".
En febrero de 2026, el abono social de telefonía fija de Telefónica contaba con 7.994 clientes y el conjunto de tarifas sociales de banda ancha sumaba solo 1.822 beneficiarios.
En total, menos de 10.000 hogares tenían contratada alguna tarifa social de telecomunicaciones.
LOS OPERADORES HAN APLICADO CRITERIOS PROPIOS
En este sentido, la CNMC ha recordado que la Ley General de Telecomunicaciones de 2022 introdujo la obligación de que los operadores comercialicen tarifas sociales dirigidas a consumidores con rentas bajas o necesidades sociales especiales, atribuyendo a la entidad funciones de supervisión sobre estas ofertas.
No obstante, aunque el desarrollo reglamentario de estas obligaciones se encuentra en una fase avanzada de tramitación, todavía no se ha aprobado la norma que debe concretar los beneficiarios y las características básicas de las tarifas sociales. En este contexto, los operadores han aplicado criterios propios para diseñar y comercializar estas ofertas, lo que ha dado lugar a "diferencias significativas" entre ellas.
El informe muestra una "elevada heterogeneidad" en las tarifas sociales actualmente disponibles. Telefónica mantiene desde 2002 un abono social de telefonía fija para jubilados y pensionistas con rentas reducidas, con un precio de 0,87 euros al mes, IVA incluido, y ofrece distintas opciones de banda ancha con descuentos para este colectivo.
MasOrange comercializa, bajo la marca Orange, una tarifa social que incluye internet, telefonía fija y móvil. Vodafone, por su parte, ofrece una tarifa móvil social y otra que combina servicios fijos y móviles.
Otros operadores analizados -Digi, Avatel, Adamo y Procono- indican que no disponen de tarifas sociales específicas, aunque algunos señalan que sus tarifas generales tienen precios inferiores a algunas de las ofertas sociales existentes en el mercado.
FACTORES QUE PUEDEN ESTAR LIMITANDO LA EFECTIVIDAD DE ESTAS TARIFAS
Al hilo, la CNMC ha identificado varios factores que pueden estar limitando la efectividad de estas tarifas. Entre ellos figuran la reducida visibilidad de las tarifas sociales en las páginas web de los operadores, la existencia de canales de contratación más restrictivos que los utilizados para otros productos comerciales y la complejidad de algunos procedimientos de acreditación de la condición de beneficiario.
Además, algunas tarifas sociales presentan incompatibilidades con otros productos, como paquetes convergentes o terminales móviles a plazos, lo que puede reducir su atractivo para los consumidores vulnerables.
El informe también analiza los precios que ofrecen todos los operadores respecto a los servicios que están incluidos en el servicio universal (que solo presta Telefónica): comunicaciones vocales fijas y acceso a internet de banda ancha fija con una velocidad mínima de 10 megabits por segundo (Mbps).
En telefonía fija, algunos operadores ya no ofrecen este servicio de forma individual, sino únicamente empaquetado con banda ancha, mientras que otros comercializan el acceso telefónico fijo con tarifa plana de voz por menos de 15 euros al mes. En banda ancha, las ofertas más básicas de los operadores superan la velocidad mínima legal de 10 Mbps, ya que donde existe cobertura de fibra, la velocidad mínima ofrecida es de 300 Mbps.
Los precios analizados oscilan entre los diez euros mensuales de algunos operadores y los 34 euros de Telefónica. La CNMC observa que los precios comercializados por Telefónica bajo su marca principal "son, en general, superiores a los de otros operadores".
No obstante, señala que esta circunstancia debe valorarse teniendo en cuenta la competencia existente, la disponibilidad de alternativas para los consumidores y la oferta de tarifas más asequibles a través de su marca O2.
Por último, el organismo regulador considera que la aprobación del reglamento de servicio universal, actualmente en tramitación, permitirá dotar de "mayor homogeneidad y efectividad" al marco previsto en la Ley General de Telecomunicaciones.