Las empresas podrán alargar hasta 10 años la devolución de los préstamos ICO
También podrán disfrutar de un periodo de carencia superior a dos años en el pago del principal
Las pymes, autónomos y empresas que pidieron financiación con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para capear la pandemia podrán alargar hasta 10 años la devolución de estos créditos, así como disfrutar de un periodo de carencia superior a dos años en el pago del principal.
El Consejo de Ministros ha aprobado las líneas de actuación que deberá seguir la banca si quiere refinanciar o reestructurar los préstamos concedidos con aval del Estado y ha dado luz verde a un Código de Buenas Prácticas en el que se recogen los pasos a seguir. En rueda de prensa, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha considerado que el Ejecutivo crea un marco adecuado para preservar y apoyar al tejido productivo, clave para avanzar en la recuperación económica.
Según ha detallado, será de adhesión "voluntaria" para las entidades financieras, que dispondrá de un mes para comunicar si lo siguen a la secretaría general del Tesoro. A pesar de la voluntariedad, ha explicado que se divulgará qué entidades lo siguen para "estimular el buen hacer" o la adhesión para "hacer viable" negocios y empresas y que su actuación "pueda ser garantía de solvencia de muchas empresas de nuestro tejido productivo".
Supone en sí un estímulo para seguirlo, ya que quedará en evidencia las que son receptivas a reestructurar la deuda conforme al código y las que se quedan fuera. Se trata de un protocolo establecido a semejanza del código de buenas prácticas impulsado en la anterior crisis para abordar reestructuraciones de deuda hipotecaria, que pone la letra pequeña para actuar con el fondo de 3.000 millones de euros incluido dentro de los 11.000 millones en medidas de ayuda y apoyo a la solvencia de empresas y autónomos.
La máxima es que el sector financiero y también el resto de organismos públicos y privados que han concedido financiación y avales puedan implicarse y puedan cooperar en el apoyo a las empresas viables con problemas puntuales de sobreendeudamiento.
No en vano será de aplicación en financiaciones con garantía del ICO o la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) y para que ellos asuman la reestructuración, el resto de acreedores y entidades financieras deberán asumir también la parte correspondiente en todas las decisiones que se tomen de extensión de los créditos, de conversión en créditos participativos o posibles reestructuraciones si se quiere mantener el aval público.
Sólo en ICO, Montero ha indicado que se han facilitado 96.000 millones de euros en avales, que han servido para movilizar 126.000 millones en créditos en más de un millón de operaciones de liquidez, siendo el 98% en favor de pymes y autónomos. "Las que lo suscriban se comprometen a estudiar la situación financiera particular de las empresas y autónomos que soliciten adherirse a este mecanismo y cojan financiación con aval público", ha explicado.
Para poder acogerse al mismo se exigirán también a las empresas y autónomos determinadas condiciones, entre las que citó haber tenido una caída del negocio.
Este código establece como tres niveles de actuación. En un primer estadio se atendería a la reestructuración de la deuda con ampliación de los plazos, en una segunda etapa la conversión de la deuda en créditos participativos y en último momento y, en situaciones "excepcionales", cabe la opción de establecer quitas.
Precisamente, apuntó que esos 3.000 millones serían para que los organismos públicos que han expedido los avales puedan "acompañar" a la banca en medidas que supongan reducir el nominal de la deuda. Entre las condiciones que deberán asumir las entidades citó la obligación de mantener abiertas las líneas de circulante hasta el 31 de diciembre del 2022 a empresas o autónomos a los que reestructuren su deuda.
Este mecanismo para reestructuraciones de deuda forma parte del paquete de 11.000 millones, de los que 7.000 millones serán ayudas directas para sufragar costes fijos de autónomos y empresas y se canalizarán a través de las comunidades autónomas.
Los negocios y empresarios podrán obtener con cargo al mismo aportaciones desde 3.000 euros para los autónomos a un rango de 4.000 a 200.000 euros para empresas y podrán cubrir costes fijos financieros y no financieros, tales como gastos fijos, deudas financieras y no financieras, facturas con proveedores o suministros energéticos, siempre que justifiquen caídas de ingresos de, al menos, el 30% y sean negocios solventes.
El tercer compartimento o fondo de este paquete global es un fondo de 1.000 millones de euros gestionado por Cofide, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para recapitalizar empresas. El vehículo contará con distintos instrumentos de endeudamiento de capital y cuasi capital para reforzar los balances de las empresas, y será para aquellas compañías que no puedan acceder al fondo de apoyo a empresas estratégicas gestiona por la SEPI.