Los economistas ven necesario limitar al 2,6% en 2024 la subida del gasto público primario

Además, consideran que habría revisar la concesión de ayudas para que sean temporales y selectivas, de forma que lleguen a quien de verdad las necesite. Por el lado de los ingresos, ambos economistas consideran que habría que revisar en profundidad del sistema fiscal español con medidas que tiendan a homogeneizar los tipos impositivos de los impuestos indirectos e introduciendo impuestos medioambientales, en línea con los objetivos de sostenibilidad.

Así lo han expresado los ponentes de la sesión titulada 'Asignaturas pendientes para fortalecer la economía española' en la que han realizado un diagnóstico de la situación actual de la economía española y han planteado una serie de medidas que, a su entender, deberían ser tomadas en consideración de manera urgente por el próximo Gobierno al objeto de poder afrontar los principales retos de nuestra economía.

En concreto, han formado parte el presidente del CGE, Valentín Pich, Matilde Mas, directora de Proyectos Internacionales del IVIE, vocal del Consejo Asesor de Asuntos Económicos de la Vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, catedrática de Fundamentos de Análisis Económico y profesora emérita de la Universidad de Valencia, y Vicente Salas, catedrático de Organización de Empresas, profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, ex miembro del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Estos dos expertos estiman que habría mejorar las políticas activas de empleo y los sistemas públicos de colocación, unificando las ofertas del SEPE nacional y los Servicios de Empleo Autonómicos; impulsar la formación teniendo en cuenta las necesidades del tejido productivo; potenciar cadenas de suministro más sólidas y fuentes de abastecimiento y mercados de exportación más diversificados, así como fomentar la investigación y la base industrial en elementos críticos incluidos en los programa ligados al Next Generation EU.

El debate ha girado en torno a cinco cuestiones clave. La primera, sobre cómo podríamos reducir el déficit y la deuda pública, actuando sobre los ingresos, los gastos o sobre ambos.

Para Matilde Mas, "el déficit público no es solo un problema de ingresar más o gastar menos, sino de hacer ambas cosas de forma más eficiente. Y ello implica una revisión en profundidad del sistema fiscal español, reforma que está pendiente desde hace años. La Unión Monetaria marca unas normas que, tras el paréntesis del COVID, volverán a la restricción de no superar el 3% para el déficit anual y el 60% para la deuda sobre el PIB. Para conseguirlo, la Comisión Europea recomienda a España una política fiscal prudente limitando el aumento del gasto público primario y financiado con fondos nacionales al 2,6% como máximo en 2024. Revisar la concesión de ayudas para que sean temporales y selectivas, de forma que lleguen a quien de verdad las necesite y aprovechar los Fondos Next Generation para impulsar las inversiones son dos vías fundamentales para lograr el objetivo".

Según Vicente Salas, "la alta inflación en 2022, por encima de los costes de la deuda, ha contribuido a reducir la ratio deuda pública sobre PIB, pero la determinación de los bancos centrales a controlar la inflación significa que el coste nominal de la deuda y el crecimiento nominal del PIB tenderán a igualarse en promedio".

"Por ello, para reducir la ratio de deuda será necesario actuar sobre el déficit primario, es decir sobre los impuestos y sobre el gasto público. Como norma general, hay que tender a homogeneizar los tipos impositivos de los impuestos indirectos e introducir impuestos medioambientales, en línea con los objetivos de sostenibilidad. Hay que acompañar con políticas de transferencias a colectivos más vulnerables con las subidas para vencer resistencias sociales. Por el lado de los gastos, separar entre gastos que contribuyen al crecimiento del capital público y al crecimiento de la economía, que se deben mantener e incluso aumentar, de los gastos por actos administrativos y de gestión de las relaciones de las personas con la administración, que se deben recortar aprovechando las oportunidades que ofrecen las tecnologías y los canales de comunicación digitales".

La segunda cuestión es qué se podía hacer para corregir que España ocupa los primeros lugares en el ranking europeo en cuanto a desempleo.

Para Vicente Salas, "el objetivo debe ser aumentar la población en edad de trabajar que trabaja en la economía de mercado, entre las más bajas de los países de la UE. Ello incluye reducir el número de personas que quieren trabajar y no lo hacen (desempleo). Crear condiciones para un mercado laboral único que contribuya a reducir la disparidad de participación y paro entre CCAA, aprovechando todos los medios técnicos. Diseño de las ayudas y rentas mínimas de manera que los beneficiarios no ingresen menos trabajando legalmente que sin trabajar. Políticas dirigidas a la empleabilidad de las personas en un contexto de cambio tecnológico en la que será importante la capacidad para aprender y reconvertirse laboralmente. Combinar formación generalista con formación específica en la empresa (formación permanente)".

Para Matilde Mas, "son muchas las acciones que deberían ponerse en marcha para resolver el problema del paro, el más grave de la economía española. En primer lugar, continuar con la 'flexiseguridad' de la reforma laboral de 2021, que ha permitido generar empleo y reducir la temporalidad; mejorar las políticas activas de empleo y los sistemas públicos de colocación, unificando las ofertas del SEPE nacional y los Servicios de Empleo Autonómicos y potenciando el uso de las TIC; luchar contra la economía sumergida y el dinero negro; apoyar a los jóvenes y mayores de 45 años; reducir las jornadas de trabajo y horas extra; favorecer la movilidad territorial; e impulsar la formación y la recualificación profesional teniendo en cuenta las necesidades del tejido productivo".

En tercer lugar se han preguntado qué habría que hacer para incrementar la productividad. Según Matilde Mas, "España tiene un problema serio de productividad que solo se justifica parcialmente por su especialización productiva y por el reducido tamaño de las empresas. No es un problema de bajo esfuerzo inversor, sino de composición de la inversión, muy sesgada a favor de los activos inmobiliarios en detrimento de las TIC y la I+D+i. La digitalización implica cambios sustantivos. En especial, obliga a una mayor inversión en intangibles –como calidad gerencial y formación de los trabajadores por parte de la empresa– si se quiere sacar todo su potencial. El desacoplamiento entre oferta y demanda de trabajo cualificado es un factor limitativo, que podría mejorar con un diálogo más fluido universidad/empresa. También lo son las barreras a la financiación de las start-ups".

Para Vicente Salas, "el avance hacia la convergencia real con los países del centro y norte de Europa requiere más personas trabajando a la vez que aumenta la productividad media de los que trabajan. Para aumentar la productividad hace falta aumentar el capital tangible e intangible, público y privado, es decir hace falta más inversión. La productividad se determina en los centros productivos, y tiene que ver no con la cantidad sino con la calidad de los recursos tangibles (máquinas) e intangibles (conocimiento, capacidad organizativa y de gestión)".

"Para aumentar la productividad de la economía hay que hacer más productivas a las empresas y organizaciones dentro y fuera del mercado. El mercado debe ofrecer acceso a recursos generales de calidad (formación, competencias de los trabajadores), pero las empresas deben convertir esos recursos generales en específicos, haciéndolas así más competitivas. Reducir las empresas zombis, desplazar recursos de empresas menos productivas a más productivas. Reforzar la competencia, favorecer a los consumidores, no dar protección a las empresas establecidas. Benchmarking en modelos de gestión con combinaciones de tecnología y organización en línea con los de los países más productivos".

Cómo puede influir la evolución de la rentabilidad y de los costes financieros en los incentivos a la inversión ha sido la cuarta cuestión.

Según Vicente Salas, "la inversión es el motor del crecimiento y en la economía de mercado el motor de la inversión privada es la rentabilidad del capital en relación al coste financiero. Para el conjunto de las sociedades no financieras la rentabilidad después de impuestos del capital productivo en España ha descendido notablemente y, a pesar de la recuperación de los márgenes, todavía no alcanza los niveles prepandemia".

"Al mismo tiempo el coste medio de los préstamos bancarios nuevos a las empresas ha pasado del 2%, antes de la pandemia, al 4,5% actualmente. Aunque la inversión en activos intangibles, los que más crecen en las economías avanzadas, no se financia en general con deuda bancaria, el coste de esta última indica la evolución del coste de oportunidad para cualquier forma de financiación (fondos propios). Las políticas de rentas deben hacer compatible el mantenimiento del poder adquisitivo con el mantenimiento de los incentivos a invertir (relación rentabilidad con coste financiero). Aunque los márgenes empresariales son un determinante de la rentabilidad del capital, la relación capital-output y la composición de costes fijos y variables varían notablemente entre empresas y sectores, por lo que los márgenes por sí solos pueden no ser un indicador adecuado de la rentabilidad y los incentivos a invertir de las empresas".

A este respecto, Matilde Mas considera que "España tiene un problema no solo con la productividad del trabajo, también con la del capital, y la conjunta de los factores. La del capital se resiente en parte porque parece que las decisiones de inversión están dominadas por el corto plazo. Se buscan beneficios a corto, en lugar de mejoras de la productividad a largo plazo. Por otro lado, las revoluciones tecnológicas que estamos experimentando (ordenadores, internet de las cosas, inteligencia artificial generativa…) llevan asociados importantes costes de ajuste, que retrasan la aparición de mejoras de la productividad del capital. Además, para extraer todo el potencial de estas inversiones, se requieren otras complementarias en activos intangibles en las que España está muy atrasada".

Por último, el quinto aspecto se ha referido a la política industrial y energética. Según Matilde Mas "la política industrial ha vuelto con fuerza al centro del debate económico, especialmente, tras las interrupciones al suministro provocadas por la pandemia. El énfasis en la defensa nacional se ha desplazado hacia el más amplio de seguridad económica. Desde la UE se están tomando medidas con tres prioridades: promover la competitividad de la UE; protegerla frente a los riesgos económicos; desarrollar asociaciones con el mayor número de países. Eso significa que tanto la UE como España deben potenciar cadenas de suministro más sólidas, fuentes de abastecimiento y mercados de exportación más diversificados, así como fomentar la investigación y la base industrial en semiconductores avanzados, computación cuántica, biotecnología, energía limpia y materias primas críticas. Todos ellos incluidos en los programas ligados al Next Generation EU".

Para Vicente Salas, "la política industrial que está implícita en el programa NGEU debe entenderse como una política que persigue sobre todo resolver los problemas de coordinación que plantea el tránsito desde un modelo de economía con energía fósil y capital tangible a una economía con energía renovable y capital intangible. La coordinación exige que las políticas públicas definan puntos focales que los actores privados toman como referencia en sus decisiones, con la expectativa de que todos estarán moviéndose en la misma dirección, y aportando los recursos complementarios necesarios. Los grandes títulos de los PERTE y la definición de las líneas maestras del plan de recuperación identifican aspectos clave para avanzar la solución de problemas estructurales. Sin embargo, en los documentos consultados hay poco diagnóstico sobre por qué estamos donde estamos, y por qué el plan de recuperación puede cambiar las cosas en la dirección deseada".

"No cabe duda de que los fondos NGEU suponen una fuente de financiación extraordinaria que, bien utilizada, puede ser una palanca positiva para la convergencia. Pero, no hay que olvidar que, como ya he dicho, estos fondos NGEU tienen como objetivo principal ayudar y facilitar el cambio cualitativo que supone la transición hacia una economía con bajas emisiones de CO2 y otros objetivos de sostenibilidad medioambiental, y hacia una economía más digitalizada. Incluso con los mejores resultados en la transición hacia una economía más sostenible y digital, el impacto sobre la convergencia real de nuestro país puede ser mínimo si no se aprovecha para cambiar los factores de fondo que han limitado la convergencia real en el pasado".