Juicio del 'caso Pretoria': principio de acuerdo entre la Fiscalía y tres de los acusados, entre ellos Macià Alavedra

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes a los once presuntos miembros de la red de corrupción 'Pretoria', que operó entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. El Ministerio Fiscal ha adelantado este lunes en la primera jornada del juicio de la trama Pretoria el acuerdo alcanzado con la defensa de los acusados Philip MacMahan y Gloria Torres, a quienes rebajará su petición de pena en tres y dos años de prisión respectivamente a cambio de que reconozcan su implicación en la trama.

Ambos son presuntos testaferros del que fuera conseller de Economía de la Generalitat Macià Alavedra durante la presidencia de Jordi Pujol. Sobre este último, la Fiscalía esperará a conocer su declaración ante el tribunal que juzga el caso para decidir si materializa el principio de acuerdo alcanzado, lo que implicaría una rebaja de la pena que inicialmente solicitaba para él de seis años y diez meses de prisión.

MacMahan y Torres han aceptado ante el tribunal de la Audiencia Nacional la condena de medio año de cárcel para cada uno tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio Fiscal, que les considera partícipes de la red de corrupción que operó en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

Los dos acusados, que se han negado a hacer uso del último turno de palabra, han reconocido los hechos que les imputa el Ministerio Público constitutivos de delito de blanqueo de capitales y aceptan la multa, en el caso de MacMahan de 2.606.206,34 euros y en el caso de Torres de 315.000 euros, evitando así tener que comparecer en el resto de sesiones del juicio que ha arrancado este lunes en San Fernando de Henares.

Entre el resto de encausados se encuentra el exdiputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis Andrés García, alias 'Luigi', que se enfrenta a ocho años de cárcel, y dos exaltos cargos del Gobierno de Cataluña con CiU durante la presidencia de Jordi Pujol: el exsecretario de la Presidencia Lluis Prenafeta; y el exconsejero de Economía Macià Alavedra. La Fiscalía Anticorrupción pide para ambos seis años y diez meses de prisión.

La trama habría defraudado 45 millones de euros en estos nueve años

El tribunal juzga además a ocho empresas como responsables civiles subsidiarias integradas en la trama que habría defraudado 45 millones de euros en estos nueve años. Los once acusados, a los que la Fiscalía atribuye la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo, fueron detenidos en el operativo policial que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009, bajo la instrucción del entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Integran la trama los empresarios Josep Singla (11 meses de cárcel) y Manuel Carrillo (3 años); los presuntos testaferros Manuel Valera (2 años y nueve meses de cárcel) y Philip McMahann (3 años y seis meses); Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra (2 años y seis meses); y Maria Lluïsa Mas, esposa de Prenafeta (3 años y seis meses), además de Manuel Dobarco Touriño y Luis Andrés García.

"ESTRECHA RELACIÓN CON PUJOL"

La Fiscalía Anticorrupción apuntaba en su escrito de acusación provisional, hecho público el pasado 29 de diciembre, que Alavedra y Prenafeta mantenían "una estrecha relación personal con el entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol".

A sabiendas de la influencia que ejercían sobre "determinados cargos públicos de Cataluña", según el Ministerio Público, "planificaron y ejecutaron el cobro de cuantiosas comisiones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas relacionadas con el desarrollo urbanístico de los tres ayuntamientos mencionados".

Además, la Fiscalía señala que Prefaneta y Alavedra contaron con la colaboración de sus esposas en la obtención de las ganancias ilícitas y en su ocultación a la Hacienda Pública. Para ello, utilizaron "un complejo entramado societario constituido por entidades domiciliadas en territorios 'off shore' y diversas cuentas bancarias abiertas en entidades suizas y andorranas" a través de las cuales canalizaron estos fondos.

CONVERSACIONES TELÉFONICAS CON PUJOL Y MAS

La fiscal también pide al tribunal que preside la magistrada Concepción Espejel que incluya una decena de conversaciones telefónicas de los líderes de la trama. Entre ellas destaca la mantenida entre Alavedra desde su propio teléfono móvil el 13 de julio de 2009 con el expresident de la Generalitat de Cataluña Artur Mas, y otra con el también expresident Jordi Pujol el 2 de julio de 2009.

En esta primera sesión de juicio que acoge la Audiencia Nacional también ha solicitado que se incorpore a la causa una documental consistente en una hoja Excel en la que se refleja cómo el bufete de abogados Pretus-- que da nombre a la operación-- creaba sociedades off shore para varios clientes, entre ellos Luis Andrés García, conocido como 'Luigi' y cabecilla de la trama. El documento recoge también información sobre la sociedad a través de la cual 'Luigi', que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel, percibió parte de las comisiones ilegales.

Además pide que se incorpore una documental relacionada con la actividad de la sociedad que utilizó Prenafeta, exsecretario de la Presidència en la Generalitat y hombre cercano al expresident Jordi Pujol, y su esposa María Luisa, también acusada en el caso y para la que la Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel.

OPERACIONES URBANÍSTICAS

El Ministerio Público también sostiene que los acusados intervinieron en una serie de operaciones urbanísticas que les proporcionaron "cuantiosos e ilícitos beneficios carentes de toda justificación y lógica comercial" por tres operaciones.

Las actuaciones investigadas son la 'operación Pallaresa' de Santa Coloma de Gramenet, en la que participaron, entre otros, 'Luigi' y Dobarco; la 'operación Niesma de Sant Andreu de Llavaneres, en la que el exdiputado socialista compartió mediación con Alavedra y Prenafeta; y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona, con los mismos intermediarios.

Además, el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, habría manipulado el concurso público para la adjudicación en 2009 del contrato de limpieza de edificios, dependencias municipales y centros públicos docentes del municipio a favor de la empresa Limasa, del imputado Manuel Carrillo.

PAPELES DE PANAMÁ

En abril del pasado año se conoció tras la publicación de los Papeles de Panamá, que el expresidente de la firma téxtil Burberry en España Eugenio Mora Olivella, facilitó el dinero a la red del caso Pretoria. El empresario, residente en Londres, utilizó una red de empresas opacas en las Islas Niue, en el Pacífico Sur,y de Madeira para invertir en España sin ningún coste fiscal cerca de 9 millones de euros entre 2003 y 2004.

La red la organizaba el bufete de abogados Pretus, que le da el nombre a la operación. Los hermanos encargaban a Mossak-Fonseca que crearan sociedades pantalla para que sus clientes evitaran al fisco español.