Diez autopistas de peaje ponen en jaque las arcas del Estado
Su quiebra activaría garantías contractuales valoradas en 3.513 millones de euros
Estas garantías, conocidas como Responsabilidades Patrimoniales de la Administración (RPA), permitieron la financiación bancaria de estos proyectos adjudicados durante los últimos diez años. Una vez la sociedad se declara insolvente, la cláusula se activa obligando al Estado a garantizar la recuperación de la inversión mediante pagos millonarios. “Probablemente, éste es uno de los retos económicos más difíciles del Gobierno a corto plazo”, declara uno de los accionistas comprometidos por la operación.
Los bancos ya han puesto en máxima vigilancia a aquellas sociedades concesionarias más frágiles, entre las que destacan todas las autopistas de Madrid (R2, R4, R3, R5, el Eje Aeropuerto y el corredor Madrid-Toledo), el corredor gallego entre Santiago y Orense y varios tramos en Levante.
A.V.