Economía.-Podemos denuncia que el decreto de vivienda esconde una reforma de la Ley del Suelo que fija como "línea roja"
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Podemos ha denunciado este miércoles que el decreto ley auspiciado por Sumar para prorrogar hasta 2028 los contratos de alquiler, cuyo borrador se ha trasladado a los grupos parlamentarios y que se prevé aprobar en la próxima reunión del Consejo de Ministros, incluye una reforma de la Ley del Suelo que la formación considera una "línea roja".
El partido 'morado' apunta en una nota de prensa que el borrador del decreto incluye una reforma para eliminar artículos de la Ley del Suelo que modificarían el sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados.
El cambio relativo a los recursos contra instrumentos de planeamiento urbanístico, según Podemos, implicaría legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros. También limitaría, siempre en palabras del partido, la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas.
REFORMA PARA LA OPERACIÓN CHAMARTÍN
La reforma relativa a la cancelación registral de los derechos de reversión, por su parte, eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin. Podemos ha aseverado que se trata "de una reforma hecha a la medida de los intereses de BBVA, la constructora San José y Merlin Properties en la Operación Chamartín", de la capital de España.
En este escenario, el partido de Irene Montero ha cargado contra estas reformas y ha expresado su "rechazo frontal" a las mismas, por lo que ha reclamado eliminarlas del borrador como "condición ineludible" para empezar a negociar.
Asimismo, ha denunciado que la reforma del decreto "es prácticamente igual" a la presentada por el PP en 2018, a la planteada por el PSOE en 2024 (rechazada no sólo por Podemos, sino también por Sumar, ERC y Junts) y a la que los socialistas llevaron al Congreso en 2025 junto con el PNV, que también contó con el rechazo mayoritario de la Cámara.