Economía.- El Gobierno lanza otros 600 millones para 2026 en ayudas al CO2 para los electrointensivos
Abre la convocatoria a otros sectores, como la química orgánica básica, fertilizantes o azulejos y baldosas
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Industria y Turismo, ha aprobado la convocatoria correspondiente a 2026 del mecanismo de compensación de los costes indirectos de emisiones de CO2 para la industria electrointensiva, que volverá a estar dotado con hasta 600 millones de euros, como en 2025, aunque en esta ocasión se abrirá a otros sectores.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien recordó que en 2018 estas ayudas ascendían a tan solo seis millones de euros, destacó que esta medida tiene por objetivo "mantener la competitividad de los sectores y subsectores industriales" del país, ya que se dirige a aquellos que tienen un "mayor riesgo de fuga de carbono".
A este respecto, señaló que a sectores como el del papel, la metalurgia, la química o el vidrio, que ya se podían beneficiar de estas compensaciones, ahora se añaden una veintena de nuevos sectores como la química orgánica básica, fertilizantes o azulejos y baldosas, entre otros, siendo así susceptibles de recibir las ayudas.
No obstante, los sectores que reciban esta ayuda estarán obligados a hacer una auditoría energética y a invertir en medidas de eficiencia energética o, alternativamente, en la reducción del CO2, emisiones directas o a disminuir la huella de carbono por consumo eléctrico a partir de energía renovable.
En este sentido, contarán con un periodo de tres años para acreditar estas inversiones para descarbonizar y para mejorar la eficiencia energética.
Desde 2019, el Ejecutivo ha movilizado cerca de 2.000 millones de euros en apoyo directo a la industria electrointensiva española a través de diferentes instrumentos de ayuda.
El mecanismo de compensación permite reducir el impacto que tienen los costes derivados de las emisiones de CO2 en el precio de la electricidad que consumen las industrias más intensivas en energía, contribuyendo así a mantener su competitividad, preservar el empleo industrial y evitar la deslocalización de la producción hacia países con menores exigencias ambientales.