El Govern ve "dudas" en la obligación de reservar el 30% a vivienda protegida en Barcelona
El sector afea al Gobierno municipal la unilateralidad con la que ha elaborado esta modificación
- En català: El Govern veu "dubtes" en l'obligació de reservar el 30% a habitatge protegit a Barcelona
La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha dicho este lunes que ve "dudas a nivel jurídico" en la medida aprobada inicialmente por el Ayuntamiento de Barcelona para obligar a promotores de vivienda y de grandes rehabilitaciones a que destinen a vivienda protegida un 30% del volumen edificable.
Artadi ha advertido de que la medida puede generar consecuencias en los privados, "no necesariamente en el promotor inmobiliario, sino en la gente que compra pisos", ha dicho en rueda de prensa tras reunirse el presidente del Govern, Quim Torra, con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
La también consellera de Presidencia ha resaltado que estudiarán los detalles de la medida, que deberá pasar por la Generalitat para ser aprobada definitivamente, después de que haya sido aprobada inicialmente en la comisión municipal de Urbanismo, con el apoyo del Gobierno de BComú, además de ERC, PSC y la CUP.
RECHAZO DEL SECTOR
Tanto el Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas como la Asociación de Promotores de Cataluña y España (APCE) han afeado al Gobierno municipal la unilateralidad con la que ha elaborado esta modificación. Los promotores catalanes han asegurado, además, que “no solo no resolverá el problema de la vivienda en la ciudad, sino que tendrá un efecto contrario ya que, por un lado podría provocar una parálisis en la actividad del sector, y por otro añadir aún más presión sobre los precios, debido al desequilibrio que esta medida generará entre la oferta y la demanda”.
“De salir adelante esta medida, probablemente se produciría una suspensión de licencias, con todo lo que ello conllevaría”, lamentaba la APCE antes de conocer su aprobación. Esta entidad, cuyos servicios jurídicos están estudiando emprender medidas legales, critica duramente que se cargue sobre los hombros del sector privado engordar el parque de vivienda destinada al uso social. Sí subrayan que “debe existir” este tipo de pisos pero demandan que su modelo sea “eficiente”.