Japón vuelve a situarse en el centro de la respuesta global al shock energético. Según la información publicada por Jiji Press y recogida por otros medios, el Gobierno japonés habría pedido a la Agencia Internacional de la Energía que prepare una liberación adicional coordinada de reservas de petróleo, en un momento en que el país sigue siendo uno de los más vulnerables al cierre del estrecho de Ormuz.
La lógica es evidente. Japón depende de forma muy intensa del crudo importado desde Oriente Medio, de modo que cualquier alteración prolongada en las rutas marítimas golpea de lleno a su economía. Por eso, el Ejecutivo de Sanae Takaichi ya ha ido activando distintas medidas de emergencia y ahora estaría intentando ganar tiempo con más barriles en el mercado.
En las últimas dos semanas, Japón ya ha comprometido alrededor de 80 millones de barriles, una cifra muy elevada que se suma al gran esfuerzo colectivo impulsado por la AIE. El mensaje es claro: Tokio no quiere esperar a que la situación se deteriore más antes de mover ficha otra vez.
La señal de fondo es potente: si Japón está pidiendo más coordinación internacional, es porque considera que la perturbación en el suministro sigue siendo seria y no un episodio pasajero.
Japón todavía cuenta con un importante colchón estratégico. Antes de esta fase de crisis, sus reservas equivalían aproximadamente a 254 días de suministro, lo que le da margen para actuar. El problema no es tanto la capacidad inmediata, sino el coste de seguir vaciando inventarios si la guerra se alarga o si el tráfico energético en la región continúa dañado durante meses.
Además, no está garantizado que otros países quieran acompañar a Japón con la misma intensidad. Muchos socios de la AIE han sufrido menos el golpe directo sobre su abastecimiento y podrían mostrarse menos inclinados a acelerar otra ronda coordinada de liberaciones.