La inflación vuelve a colocarse en el centro del debate monetario en Estados Unidos. Según Jai Kedia, del Cato Institute, en un análisis publicado por MarketWatch, el repunte de abril deja a la Reserva Federal con muy poco margen para justificar una actitud pasiva. Su tesis es clara: si la Fed no responde con más firmeza, será el mercado de bonos el que acabe imponiendo condiciones financieras más duras.
El dato general de inflación se situó en el 3,8% interanual, su nivel más alto desde mayo de 2023 y claramente por encima del objetivo del 2% de la Fed. Sin embargo, Kedia advierte de que la medida interanual puede quedarse corta para captar la presión actual, ya que mezcla los movimientos recientes con los precios de hace doce meses.
La señal más preocupante aparece en la inflación anualizada de los últimos tres meses, que se sitúa en el 7,1%. Es el nivel más alto desde el pico inflacionista posterior a la pandemia, a finales de 2022. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, alcanza el 3,2% anualizado, también por encima de lo compatible con la estabilidad de precios.
El principal detonante inmediato es el encarecimiento de la energía por la guerra con Irán. La gasolina subió un 21% en marzo, el mayor avance mensual registrado, y añadió otro 5% en abril. El problema es que la energía no se queda aislada: acaba filtrándose al transporte, los costes de producción, los bienes intermedios y, finalmente, los precios al consumidor.
El riesgo para la Fed no es sólo que el petróleo suba, sino que esa subida se traslade al conjunto de la economía y reavive las expectativas de inflación.
Hasta ahora, la Reserva Federal ha mantenido los tipos estables, amparándose en la dificultad de responder a shocks de oferta. Subir tipos ante un problema energético puede frenar el crédito y la demanda, pero no aumenta directamente la producción de petróleo. Esa es la razón habitual para “mirar a través” de este tipo de perturbaciones.
Sin embargo, el argumento de Kedia es que el mercado laboral no muestra un deterioro proporcional al repunte de los precios. La tasa de paro se mantuvo en el 4,3%, sin una señal clara de destrucción de empleo que obligue a priorizar el mandato laboral frente al mandato de estabilidad de precios. Por tanto, el balance de riesgos se inclinaría ahora hacia combatir la inflación.
El autor recuerda además que esta no es la primera vez que la Fed responde con cautela ante un shock inflacionista. Primero fue la inflación pospandemia, después la energía tras la guerra de Ucrania, más tarde las presiones derivadas de los aranceles de 2025 y ahora el conflicto con Irán. En su opinión, la repetición de retrasos ha elevado el coste acumulado para los hogares.
Para Kedia, una guía objetiva como la regla de Taylor sugeriría que los tipos deberían estar por encima del 5% si se toma como referencia la inflación general. Actualmente, el rango objetivo de los fondos federales se sitúa entre el 3,5% y el 3,75%. Incluso usando la inflación subyacente, una lectura más conservadora, el autor considera que habría base para al menos una subida de 25 puntos básicos.
El endurecimiento monetario no estaría exento de costes. Tipos más altos encarecen el crédito para familias y empresas, tensionan los mercados de financiación y elevan la carga de intereses del Gobierno federal. Pero, según esta visión, la inacción puede ser más dañina si permite que las expectativas de inflación se desanclen.
El punto central del análisis es que la Fed puede elegir subir tipos de forma ordenada o dejar que el mercado de bonos fuerce el ajuste de manera más brusca.
La conclusión de Kedia es que la Fed debe abandonar una estrategia excesivamente discrecional y volver a tomar decisiones guiadas por los datos. En un contexto de inflación persistente, petróleo caro y presión sobre el coste de la vida, esperar demasiado podría terminar elevando tanto los precios como los costes de financiación, el peor escenario para consumidores, empresas y mercados.