Perú.- El Gobierno de Perú presenta un proyecto para ampliar las exenciones fiscales a los sectores minero y petrolero

El ministro también ha afirmado en una entrevista que el Gobierno ha emprendido un plan de reforma laboral con el que busca aumentar la competitividad del país y fomentar el empleo formal, pero ha afirmado que no busca recortar los beneficios de los trabajadores.

"Hemos aprobado un proyecto de ley y lo hemos remitido al Congreso para aumentar el plazo de las exoneraciones en estos dos temas, por tres años más", ha manifestado el ministro.

Perú tiene vigente desde hace 16 años un esquema de devolución del impuesto a las ventas a las actividades de exploración minera y de hidrocarburos, un beneficio que según sus gremios empresariales ha incentivado la inversión en estos dos sectores y que vence el 31 de diciembre.

La semana pasada, una comisión legislativa rechazó una iniciativa que pedía prorrogar la devolución del tributo en esas dos actividades. El Congreso amplió su legislatura hasta final de año para debatir leyes urgentes de corte político.

"Quisiéramos que esto se discuta en la semana que viene en el Congreso para ampliar este plazo porque consideramos que es importante", ha señalado Oliva. "No tiene mucho sentido cargarle con un impuesto a un valor agregado que no existe, esa es la justificación técnica a todo esto", ha aseverado.

REFORMA LABORAL

Oliva ha asegurado además que la reforma laboral que busca el presidente del país, Martín Vizcarra, será menos rígida y consensuada con el sector empresarial, los sindicatos de trabajadores y el Congreso opositor, y que esta discusión podría prolongarse más de dos meses.

"Sabemos que es complicado, sabemos que es difícil, pero al mismo tiempo no podemos usar la política del avestruz y decir que el próximo (Gobierno) lo vea", ha recalcado el ministro.

La discusión de una mayor flexibilidad laboral se produce en momentos en que el presidente Vizcarra goza de una alta popularidad, algo que podría servirle de colchón político frente al asunto que es sensible en un país considerado como el más rígido en esta materia en todo América Latina, según expertos.

Asimismo, este plan se da después de que Vizcarra obtuvo un amplio apoyo popular al ganar un referéndum que buscaba aprobar reformas políticas y judiciales en su lucha contra la corrupción.

"Vamos a ir hasta el final, vamos a usar todas nuestras fuerzas, todas nuestras competencias para poder llegar a las reformas que requiere el país", ha añadido el ministro.

Vizcarra dijo este miércoles que su Gobierno no busca reducir los derechos laborales como recortar las vacaciones, después de que su primer ministro dejara abierta esa posibilidad y hace unos días se produjo la renuncia del ministro de Trabajo.

Entre las propuestas, se plantea revisar el sistema de doble indemnización laboral y la posibilidad de una política flexible para que los trabajadores escojan sus días de vacaciones en periodos cortos, sin contar los fines de semana.

"No es que quiera bajar de 30 a 22 días (de vacaciones), sino es cambiar el sistema. Es una opinión personal", ha indicado.

GASODUCTO Y ODEBRECHT

Oliva ha afirmado también que el Gobierno espera ya tener definido para el primer trimestre de 2019 un esquema de desarrollo del paralizado proyecto de gasoducto para el sur del país, que fue cancelado en el 2017 por la constructora brasileña Odebrecht.

El ministro ha dicho que se estudian tres alternativas: replicar el trazo original por los Andes, diseñar un ducto por la costa o llevar el gas a la costa para transportarlo por el mar.

"Lo ideal es que lo financie exclusivamente privados", ha subrayado. "Pero hay que ver la estructura que se estará planteando, es probable que sea un APP (Asociación Pública y Privada), pero hay APPs donde privado pone 10 y el Estado 90; lo que tenemos que ver es cuál es la mejor estructura", ha añadido.

El ministro también ha afirmado que si bien la constructora Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración con la justicia que asegura su operación en el país, es difícil la posibilidad de que vuelva a recibir contratos de obras públicas.

"Tiene que seguir la ley de contrataciones (con el Estado)", ha asegurado. "Si la prohibición existe ahora, pues hay que dejarla allí, nosotros no vamos a cambiar una ley para favorecer a una empresa o a otra, las reglas de juego ya están pactadas", ha agregado.