Prisión para el exjuez peruano Hinostroza por riesgo de fuga mientras se resuelve su extradición

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado este viernes prisión provisional para el exjuez peruano César Hinostroza mientras se resuelve la solicitud de extradición emitida por las autoridades del país andino por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Tras tomar declaración al investigado, De la Mata ha dictado un auto en el que argumenta riesgo de fuga del exjuez, debido a los graves delitos de los que se le acusa en Perú y dada la "facilidad" que tiene, por sus recursos y medios económicos en otros países, "de salir al extranjero y sustraerse de la acción de la Justicia", tal y como ha quedado evidenciado tras su traslado a España.

Hinostroza tenía prohibido abandonar Perú por su presunta implicación en un escándalo de corrupción, pero salió de forma clandestina la madrugada del 7 de octubre. Según el presidente del Consejo de Ministros peruano, César Villanueva, el exjuez habría entrado a Ecuador a través de la ciudad fronteriza de Huaquillas y de allí se dirigió a Guayaquil para volar a Ámsterdam. Días después aterrizó en Madrid, donde también se encuentra su esposa.

Al llegar a la capital, Hinostroza solicitó asilo en una comisaría de Policía y, al conocer su paradero, la nación andina cursó ante la Interpol la orden internacional de detención. Tras ser arrestado, ha pasado a disposición del magistrado de la Audiencia Nacional, que le ha tomado declaración esta noche.

Según explica De la Mata en su auto, Hinostroza está acusado en Perú de ser "líder de una organización criminal dedicada a realizar nombramientos y ratificaciones ilegales dentro del Poder Judicial, utilizando su cargo". "Dicha organización --añade-- estaría dedicada a la comisión de delitos de corrupción de funcionarios en todas las áreas del Poder Judicial a nivel de Lima Metropolitana".

También se le imputa haber realizado "coordinaciones ilícitas como juez supremo de la República con el Consejo Nacional de la Magistratura para patrocinar al juez Ricardo Chang Racuay en un proceso de ratificación", así como de "apoyar de forma clandestina por gestiones ilícitas para una mejora laboral de Verónica Rojas Aguirre en la Corte Superior del Callao".

De igual modo, las autoridades peruanas reclaman la entrega del exjuez por haber realizado supuestamente "negociaciones en la contratación incompatibles de personal jurisdiccional en la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de loa República a consecuencia de gestiones ilícitas con el exconsejero Sergio Noguera Ramos".

POSIBLE CONDENA DE 15 AÑOS DE CÁRCEL

De acuerdo con la orden internacional de detención cursada por Interpol, estos hechos podrían constituir en Perú "delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal", previstos en el Código Penal del país sudamericano, y la pena máxima que podrían alcanzar en una sentencia asciende a 15 años de prisión.

A pesar de todo ello, el magistrado de la Audiencia Nacional cree que la medida de prisión provisional ha de dictarse no sólo por los hechos de los que se acusa a Hinostroza, sino por otros indicios tales como el riesgo de fuga.

Así, aunque reconoce que la información que se expone en la orden internacional de detención es "ciertamente lacónica", subraya en el auto que los hechos imputados reflejan que el exjuez sería "el líder de una organización criminal destinada a la comisión de delitos de corrupción de funcionarios en el Poder Judicial peruano, así como a ocuparse de realizar nombramientos y ratificaciones ilegales dentro del Poder Judicial, en connivencia con otras instituciones del Estado, entre las que cita nada menos que al Consejo Nacional de la Magistratura, Corte Superior de Justicia del Callao y Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de la República".

Además, tiene en cuenta que Hinostroza "tenía conocimiento pleno" de la existencia del proceso penal contra él, de modo que "es obvio que su presencia en España no es casual" y no responde a una "mera visita a su hija", sino que "deliberadamente se sustrajo a la justicia peruana marchándose del país y negándose a regresar".

RECURSOS Y CONEXIONES INTERNACIONALES

En tercer lugar, De la Mata remarca que el exjuez "no tiene arraigo en España" y que, a pesar de que en este país viven su hija y otros familiares desde hace años, es "evidente que se ha fugado de Perú hace escasamente unos días, justamente para eludir sus responsabilidades". También es cierto, apunta, que Hinostroza "dispone de posibilidades más que ciertas de desplazamiento y de marcharse al extranjero, frustrando los fines extradicionales" y que "no tiene vínculos laborales en España", ni "conexiones económicas" u otros activos.

"En este caso particular, adicionalmente, el riesgo de fuga se acentúa por la facilidad que tiene la persona reclamada, por sus recursos, medios económicos, vínculos con otros países y conexiones internacionales, de salir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia peruana", señala el auto.

Así pues, De la Mata considera "necesario" enviar a prisión provisional al exjuez peruano "para asegurar los fines extradicionales y cumplir así con los compromisos adquiridos por el Estado en materia de cooperación judicial internacional", todo ello sin perjuicio de la decisión que tome finalmente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en relación a la solicitud de entrega.

DENUNCIA UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA

Según consta en el auto, Hinostroza ha asegurado durante su comparecencia judicial que es "objeto de persecución política en Perú", donde, en su opinión, "será probablemente encarcelado hasta un límite de 36 meses de prisión preventiva".

Además, ha manifestado que los hechos reflejados en la orden internacional de detención son "muy sucintos" y "no vienen respaldados por resolución judicial alguna", y que su "único sustento probatorio" son "conversaciones telefónicas interceptadas por un juez incompetente en virtud de resoluciones que vulneran sus Derechos Humanos".

En todo caso, De la Mata argumenta en su auto que el fondo del asunto, es decir, las razones por las que el exjuez está reclamado en Perú no deben ser objeto de análisis ni de decisión en este momento del procedimiento, ya que éste se encuentra en su "fase más temprana", sino que serán estudiadas más adelante.