Europa Press | 02 sep, 2018 13:01
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La Ley Orgánica Penitenciaria y el Reglamento que la desarrolla no tienen en cuenta la situación y las necesidades específicas de las más de 4.800 personas con discapacidad internas en las cárceles españolas, el 9,5% de la población reclusa, un asunto que entra en colisión con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España hace más de una década.