Europa Press | 30 abr, 2018 17:24
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha estimado el recurso de una veintena de investigadores de Organismos Públicos de Investigación (OPI) contra la inactividad reglamentaria del Gobierno por incumplir su obligación de desarrollo normativo expresamente establecida por la disposición final décima y concordantes de la Ley de la Ciencia y ha condenado al Ejecutivo al cumplimiento inmediato de la obligación de desarrollo reglamentario incumplida en un plazo máximo de 6 meses.