Europa Press | 08 jun, 2018 17:18
SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial ha señalado que los funcionarios de la Junta de Andalucía y de sus empresas públicos no tenían "ningún poder decisorio" en la tramitación de las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.