Juzgado de Madrid da 24 horas a Justicia y al TSJ para que provean de equipo protección a secretarios judiciales

Lamenta que en la Comunidad de Madrid "ninguna sede se ha higienizado a pesar de que han existido contagios"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de los Social número 41 de Madrid ha acordado este jueves estimar parcialmente las medidas cautelares solicitadas por el Sindicato Judicialización del Secretariado Judicial y requiere que en el plazo de 24 horas el Ministerio de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid provean "de forma inmediata" a los letrados de la Administración de Justicia de "mascarillas, guantes, gel desinfectante, batas para desplazamientos a centros sanitarios y gafas" de protección.

Estas medidas se estiman teniendo en cuanta la actual vigencia del estado de alarma fruto de la pandemia del COVID-19 que ya deja solo en la Comunidad de Madrid casi 500 fallecidos. En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se requiere también que se proceda a evaluar individualizadamente "los riesgos que por circunstancias personales asuman los Letrados de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid que prestan funciones durante la pandemia, previa información de tales circunstancias por parte de los mismos".

No obstante, el juzgado no estima como medida cautelar "la dispensa del cumplimento de la prestación del servicio" dado que entiende que éste "sólo es preciso en circunstancias de urgencia y necesidad". A esto suma que la habitualidad a partir de esta semana "es el trabajo telemático" y recuerda que "siempre es posible la no asistencia por baja laboral en virtud de enfermedad o patologías previas agravatorias".

Esta decisión del juzgado llega después de que se solicitara por parte del sindicato que ambas administraciones facilitaran "los equipos individuales de protección" para evitar contagios por coronavirus y que se procedan a evaluar los riegos que los funcionarios asumen, "así como dispensar a los funcionarios de prestar sus servicios en cuanto no les provean de los equipos de protección individualizada".

En el auto, se explicita que en correlación con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las Circunstancias que se han generado por la pandemia del virus COVID-19, "los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo".

"El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborables. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio", añade.

En el dictamen se recuerda que según el artículo 21 de esa ley, el trabajador "en caso de grave e inminente riesgo tendrá derecho a interrumpir su actividad y a abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud".

SÓLO 172 CAJAS DE GUANTES PARA TODA LA COMUNIDAD DE MADRID

Añade a esto que la Comunidad de Madrid "ha facilitado únicamente 172 cajas de guantes y 346 botes de gel desinfectante para todos los órganos judiciales del partido judicial", y recuerda que es público y notorio que son muchos los Juzgados en los que se siguen prestando servicios "sin las más elementales medidas de higiene, salud y precaución".

"En la Comunidad de Madrid ninguna sede se ha higienizado a pesar de que han existido contagios, sin ir más lejos en esta sede judicial, en que se ha clausurado un Juzgado por varios funcionarios con el virus COVID-19 -Juzgado Social 38- y se ha solicitado el cierre de otros tantos que no se ha concedido", incide el auto.

Al hilo, menciona que la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid dictaminó este miércoles que deben seguirse las recomendaciones y medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad para evitar el contagio y propagación de la enfermedad en todas las actuaciones judiciales que deban realizarse. Y añade que "hasta ahora no se está cumpliendo por ausencia de medios materiales necesarios, con grave riesgo para la salud para quienes prestan sus servicios en la Administración de Justicia y de cuantos ciudadanos acuden a los órganos judiciales".