¿Y ahora qué Cataluña? Tres escenarios para el futuro de la consulta soberanista

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1,8 millones de catalanes, según la Guardia Urbana, 520.000, según el Gobierno, reclamaron que el Estado español permita al Ejecutivo de Artur Mas seguir adelante con el proceso que lleva a plantear en las urnas la doble pregunta:
"¿Quiere que Catalunya sea un Estado?" y "En caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente?"

Pero a pocas semanas de la fecha elegida, tanto el jefe del Govern como las asociaciones ciudadanas que han convocado la marcha humana de la Diada -Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Associació de Municipis per la Independència (AMI)- están de acuerdo en que la votación debe llevarse a cabo con “las suficientes garantías democráticas para que el resultado se de por bueno en la escena internacional”, en palabras del propio Mas. Desde la ANC, su vicepresidente, Jaume Marfany, ha explicado a Bolsamanía que coinciden plenamente con el president en que “lo único que puede impedir la celebración de la consulta es que no haya la suficiente libertad ni democracia para que la gente pueda votar”.

Un marco en el que fácilmente se pueden encontrar cuando el Estado español lleve la Ley de Consultas catalana y el Decreto de convocatoria de la consulta ante el Tribunal Constitucional y este vete ambas normas.

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Sin embargo, el Parlament de Catalunya aún no ha aprobado ni lo uno ni lo otro y no lo hará previsiblemente hasta un pleno extraordinario que se podría celebrar el 19 de septiembre. Sólo después el president Mas convocará la consulta. Tras estos hechos, el Estado recurrirá al TC y, según fuentes jurídicas consultadas, dada la inminencia del 9 de noviembre, el Constitucional será rápido en dar una resolución.

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Exploramos tres escenarios que pueden dibujarse las próximas semanas en Cataluña:

1. VETO DEL TC, NO SE CELEBRA LA CONSULTA Y SE SIGUE EL CURSO LEGAL

La opción con la que la inmensa mayoría comulga. No obstante, hay una variación interesante a una suspensión total: que el TC aprobara la Ley de Consultas, pero dictaminara que la convocatoria de esta votación en concreto está más allá de las competencias autonómicas contempladas en el Estatut. “El Constitucional tiene ideas propias”, cuentan a Bolsamanía fuentes legales consultadas y no sería sorprendente una resolución de estas características.

En este caso, “se tendría que reformular el contenido de la pregunta” si se quisiera seguir adelante dentro del marco jurídico español, aseguran los expertos en derecho preguntados.

Si la anulación es total, la vía legal dentro de España llega a su fin y sólo se puede acudir a los tribunales internacionales, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, concretamente. Desde la ANC, su vicepresidente reconoce que los juristas de la entidad ya están “buscando opciones y mirando qué mecanismos legales” se pueden usar para apelar a la justicia internacional.

Pero si nos basamos en los antecedentes, aparte de que el proceso se puede dilatar durante años, Estrasburgo ya desestimó en 2010 la demanda presentada por el PNV contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el referéndum vasco propuesto por el ex lendakari Ibarretxe. En octubre de 2008 no se pudo consultar a los vascos sobre la independencia del País Vasco y sobre una hipotética negociación con ETA.

Sin embargo, esta sería una vía que le permitiría a Mas acabar su legislatura hasta 2016, mientras espera que el Tribunal de Estrasburgo adopte una resolución. O bien, el president podría convocar las elecciones plebiscitarias de las que tanto se habla, anticipadamente, presentando una lista conjunta con ERC. Pero con el caso Pujol sobre la mesa se complica el escenario de CiU para conseguir aliados de cara a estos comicios.

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2. PROHIBICIÓN DEL TC Y MAS SACA LAS URNAS A LA CALLE

La llamada a la desobediencia civil de la CUP o del mismo líder de ERC, Oriol Junqueras, si el veto es total, ha abierto la puerta a la especulación sobre qué pasará si, a pesar de todo, se convoca la consulta. Tanto expertos como personajes de la vida pública catalana apuntan a que se dará una “votación simbólica”, una protesta a través de la que, según dijo el cantante Lluís Llach, todos los que quisieran ser preguntados deberían “acudir a los colegios electorales igualmente y concentrarse ante sus puertas durante horas”.

El caso es que si el Govern de la Generalitat decide llamar igualmente al censo electoral, el Estado ya ha alertado que está a punto para intervenir si se quebranta la ley. El mismo fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha asegurado que la Fiscalía ha “estudiado las diferentes opciones que tienen si se comete un delito de desobediencia”.

La suspensión de la autonomía de la comunidad sería una de las armas del Ejecutivo central. Jaume Mafrany reconoce que el Estado tiene potestad para ello “con las leyes en la mano”, pero también cree que “no le interesa” porque “la comunidad internacional se le echaría encima si usara métodos antidemocráticos”.

El vicepresidente de la ANC asegura que declaraciones como la de Torres Dulce se van a repetir a medida se aproxime el 9 de noviembre ya que la estrategia de Madrid es la de “amenazar y sembrar la semilla de la duda entre los que queremos la consulta".

3. SE PERMITE CELEBRAR LA CONSULTA EN CATALUÑA

Puestos a hacer conjeturas, nos imaginaremos que, además que haber votado, el Sí - Sí gana con más del 50%. Se abriría entonces un proceso de negociación y conversaciones que sería largo, mayor que en Escocia, donde se han dado 18 meses para poner a punto el nuevo Estado y también garantizar una salida armoniosa de Reino Unido.

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Aunque Mafrany de la ANC expresa su deseo de que se pudieran resolver todas las cuestiones que conllevaría la secesión en el período de tiempo más corto posible, es realista y reconoce que “hay mucho que discutir, negociar y será un proceso con muchas implicaciones”. Además, no se muestra del todo convencido de que el Gobierno español deje marchar a Cataluña fácilmente y piensa que “mantendría su posición de no reconocer la independencia de Cataluña”. En tal caso, apuesta el vicepresidente de la Assemblea por una “intervención de la comunidad internacional” para que el Estado se siente a dialogar.

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¿CUARTA VÍA?

Hay una última posibilidad de la que se ha hablado entre dientes y que descartan las fuerzas políticas en Cataluña: que desde el Govern se decida dar marcha atrás.

“No agacharemos la cabeza”, ha dicho Mas, que tras la manifestación de la Diada se comprometió como "presidente del país" a hacer todo lo necesario para recibir y poner en práctica el mensaje tan potente que transmitió la movilización ciudadana.

El rumor en los mentideros es que el día 10 de noviembre el Ejecutivo de Mariano Rajoy podría estar dispuesto a sentarse a negociar una manera para mejorar el encaje de Cataluña en España, si el 9 no pasa nada. Pero el líder del Govern catalán ha dejado claro que su compromiso es hacer todo lo posible para que el pueblo de la región pueda decidir sobre su futuro en las urnas.

Hasta dónde está dispuesto a tensar la cuerda, como todo lo demás, queda en el terreno de la especulación.