- Antonio Sánchez presentó su dimisión este lunes
- El exalcalde ha prestado declaración ante el juez este martes
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros para el exalcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez, que este lunes intentó sacar dos cajas de documentación del Ayuntamiento. El magistrado considera que “existe riesgo objetivo y concurrente” de que Sánchez intente destruir documentos “relevantes” para la investigación del delito. | Consulte toda la información sobre la operación Púnica
Velasco ha decidido decretar prisión bajo fianza tras interrogar al exalcalde y analizar la documentación que le fue requisada este lunes. Según el juez, Sánchez “sería responsable de varias irregularidades en materia de contratación pública” para beneficiar al empresario David Marjaliza.
Sánchez, que dimitió de su cargo este lunes, está acusado de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho y prevaricación, entre otros delitos. Fue detenido la semana pasada en el marco de la ‘operación Púnica’ y puesto en libertad por encontrarse recién operado, por lo que no ha prestado declaración hasta este martes.
El titular de Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga un contrato de eficiencia energética que el Ayuntamiento firmó con Cofely, filial de GDF Suez, con su connivencia y la del técnico municipal Marco Durán, también imputado en este procedimiento. También hay sospechas en la gestión de centros deportivos por parte de las empresas de Marjaliza, para lo que se habrían elaborado informes y facturas falsos con el fin de “posibilitar que se libraran las cantidades económicas necesarias para pagar” al empresario.
RIESGO DE FUGA
El juez considera que, a pesar del “arraigo domiciliario, familiar y laboral” de Sánchez, existe riesgo de fuga, tanto por la pena que se le podría imponer como por “sus recursos y medios de acudir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia española”.
Velasco destaca la facilidad de una organización como la investigada para “dotar de medios económicos a sus componentes” y “facilitar su huída y permanecer lejos de la actuación de los tribunales españoles”. Asimismo, justifica el ingreso en prisión del exalcalde a tenor de "las redes clientelares delictivas descubiertas, la alta probabilidad de reiteración delictiva, la diversidad de las irregularidades administrativas detectadas y su imposición a funcionarios públicos bajo su mando".
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