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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno extraordinario para explicar la declaración del estado de alarma y las medidas para paliar las consecuencias de la pandemia provocada por el coronavirusPool

El Gobierno no quiere dejar pasar la ventana de oportunidad que se abre con la lamentable crisis del coronavirus para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuya tramitación en la Cortes estaba prevista hacia mayo y se barajaba su entrada en vigor después del verano. Pero eso era antes de que la pandemia obligara a decretar el estado de alarma y de que se barruntaran unas consecuencias económicas que han forzado a Pedro Sánchez a lanzar un bazuca económico por valor del 20% del PIB. "La emergencia sanitaria ha alterado todo el calendario", reconocen fuentes del PSOE, pero no ha privado al presidente del Gobierno de que intente sumar apoyos a su proyecto de cuentas que ha calificado de presupuestos de "reconstrucción".

En el hemiciclo se es consciente de que la crisis tendrá que pasar antes de encarar cualquier otra medida que no sea levantar el estado de alarma. Y los grupos parlamentarios saben que ahora toca arrimar el hombro, ser leales y enviar una imagen de unidad. La cooperación política cotiza al alza en tiempos de necesidad y los partidos miden sus críticas a la gestión gubernamental, ya que pueden ser un arma de doble filo. El precio de poner palos en las ruedas en un momento en que se exige ir a una puede pagarse caro en las elecciones autonómicas que se han aplazado (Galicia y País Vasco). Pero el compromiso de partidos como el PP o los nacionalistas no alcanza a extender un cheque en blanco a Moncloa para apoyar las cuentas sin condiciones.

La respuesta al anuncio de este martes de que el Gobierno presentará unos Presupuestos Generales del Estado "de reconstrucción social y económica" ha sido más bien fría. Antes del brote vírico, el Ejecutivo estaba confeccionando un anteproyecto de ley, pero no le salían las cuentas para sacarlo adelante, ya que no tenía asegurada la abstención de ERC, imprescindible para que la aritmética de un Congreso hiperfragmentado le fuera favorable. Las elecciones catalanas, que se calculaban para verano, colisionaban con el calendario de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y los nacionalistas vascos y catalanes habían llegado a plantear a Sánchez que dejara los PGE para otoño y propusiera entonces aprobar los de 2021.

Pero el Covid-19 ha cambiado el tablero de juego y ha provocado lo impensable: que Ciudadanos se avenga a respaldar las cuentas del Estado, lo que despeja el camino hacia unos PGE de concentración con el PP. El pasado jueves, la presidenta del partido, Inés Arrimadas, anunciaba su disposición a apoyar unos PGE de emergencia que se tramiten cuanto antes. "Tendemos la mano al Gobierno", comunicó en una rueda de prensa telemática desde la sede de Ciudadanos. Sus condiciones, además de un plan de contingencia para paliar el impacto de la enfermedad, son que se planifiquen sobre previsiones económicas "realistas" y que no contemplen una subida de impuestos a las clases medias ni a los autónomos.

Los populares, sin embargo, se han puesto de perfil por ahora. El Gobierno no abandona su esperanza de que el estado excepcional actual les granjee el respaldo mayoritario de la cámara, pero fuentes próximas señalan que las formaciones no se pillarán las manos antes de conocer el contenido de las cuentas, por lo que el tanteo de Sánchez en el Congreso ha sido infructuoso. Temen que no difieran de lo que se confeccionaba anteriormente y por dónde no pasará el partido que dirige Pablo Casado es por que se mantenga la subida de impuestos de casi cinco décimas del PIB que ya se incluyeron en las cuentas de 2019. Por este motivo, este martes no ha cogido el guante lanzado por el líder del Ejecutivo. Su abstención, si Ciudadanos da un sí, es todo lo que necesitan. Pero, de nuevo, estos dos supuestos se sujetan a que se rebajen las ambiciones impositivas de PSOE y Podemos.

¿Y ERC? ¿Y EL PNV?

En este contexto (sí de Cs y abstención popular), ERC sería intrascendente y los independentistas se quedarían sin poder forzar al Gobierno a que comulgara con sus demandas. Por ahora, la mesa de diálogo está suspendida y tanto JxCatalunya como ERC y también el PNV se han limitado a pedir que no haya ejército en las calles de Cataluña y País Vasco.

El portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián ha dado pistas de por dónde pueden ir los tiros. Desde su punto de vista ahora "sólo hay una receta: gasto social, gasto social y gasto social". "El mejor aplauso a la sanidad es no recortar nunca jamás", ha enfatizado Rufián.

Donde sí quiere meter la tijera ERC en el gasto militar, de manera que el 40% del mismo se destine a fortalecer el sistema sanitario público, igual que, ha argumentado, hacen otros países. También ha pedido que los recursos que ahora se dedican al despliegue militar para esta crisis se utilicen para dotar de más medios al personal sanitario, algunos de cuyos representantes se están "protegiendo con bolsas de basura". Asimismo, ha solicitado una moratoria para los desahucios, también por impago de alquiler, otra "general y directa" para los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social y medidas específicas para autónomos en línea con las anunciadas por la Generalitat catalana.

Más conciliador, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reclamado al presidente que el estado de alarma "no se alargue innecesariamente" y ha dejado una pista de qué puede pasar en los PGE al declarar que la formación jeltzale está "absolutamente a favor" de las medidas económicas adoptadas.

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