- Se desmontan los argumentos de que el ex alto cargo del Govern estaría sufriendo una persecución política
La noticia de la imputación del president en funciones de la Generalitat, Artur Mas, por la consulta ciudadana del 9-N, ha servido a CDC para alimentar la épica del soberanismo. Varias voces desde Convergència se alzaron para denunciar una persecución política a la que se ha sometido a Mas, pero datos de fuentes judiciales desmontan la versión de los independentistas.
Fue el portavoz de CDC en el Congreso, Pere Macias, consideró que la imputación de Artur Mas por la consulta del 9 de noviembre es una "respuesta política" que evidencia la "persecución" que a su juicio sufre el presidente de la Generalitat, pero cree que, en términos de opinión pública, le refuerza para optar a la reelección.
Macias recordaba que la imputación de Artur Mas y dos de sus consejeras se debe a una "denuncia instada" y que los fiscales catalanes no querían seguir pero recibieron "órdenes" de elevar la causa. "¿No suena algo rarillo? Es una respuesta política", sostenía.
PETICIÓN DE DECLARACIÓN
Pues bien, según expone El Mundo, una petición de comparecencia del ex presidente de los abogados de Mas, de la ex vicepresidenta Joan Ortega, y de la anterior consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, registrada el 16 de septiembre desmonta esta argumentación.
El 16 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recibió una petición de los letrados para que Mas acudiera a declarar
El medio expone que 11 días antes de las elecciones, el 16 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recibió una petición de los letrados para que Mas acudiera a declarar. Recuerda también que se opusieron a la declaración, que debía haberse producido el pasado 21 de septiembre, de la directora de un instituto de l’Hospitalet que se negó a ceder las llaves del centro para que se pudiera votar en la consulta.
El escrito defiende que la declaración de los imputados debe producirse antes que la de los testigos, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que se pedía el testimonio de Mas para hacer valer “el derecho a la defensa”.
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