El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha anunciado este miércoles su decisión de llevar al Gobierno central a los tribunales por el impago de adelantos de 2019 y ha invitado al resto de comunidades autónomas a sumarse a esta demanda.
"Llevaremos al Gobierno a los tribunales por los adelantos de 2019, que son nuestros, de los ciudadanos de Catalunya y que están reteniendo de forma irregular a nuestro juicio", ha dicho al inicio de su comparecencia parlamentaria para dar cuenta del cierre de caja de la Generalitat a primeros de agosto y el recorte del 6% del gasto de empresas públicas.
El próximo martes pedirá al Consell Executiu en el seno del Govern que le autorice a presentar un recurso contencioso administrativo para reclamar el pago de 874 millones en concepto de adelantos pendientes de pago a la Generalitat. "Pediré que se haga efectiva la transferencia de un dinero que ya se ha recaudado y que está en la caja del Gobierno central", ha dicho el vicepresidente de la Generalitat, que ha cargado contra el ahogo financiero del Estado.
Y ha insistido: "El Gobierno central tiene retenidos los aumentos de la financiación de 2019, que son 874 millones de euros que son fruto de una mayor recaudación, que ya hemos pagado y que nos corresponden por ley y que se retienen por las arcas del Estado de forma irregular". "Invito al resto de gobiernos de las comunidades autónomas a hacer lo mismo y, si hace falta, la demanda pueda ser compartida, estamos a su disposición, pero actuaremos con la máxima celeridad", ha recalcado Aragonés.
Aragonès ha hablado para explicar el recorte presupuestario de la administración catalana. La presidenta de la Comisión, Teresa Pallarès (JxCat), envió la convocatoria de esta comisión el pasado 13 de agosto, después de que trascendiera el recorte presupuestario. La comparecencia de Aragonès se hace a petición de los comuns y la CUP, y el propio vicepresidente, días atrás, ya explicó en un apunte en Twitter que estaba dispuesto a acudir a la Cámara para dar las explicaciones oportunas.
Asegura que el recorte presupuestario se debe a las consecuencias de "la asfixia económica del Gobierno español contra Catalunya"
Pese a que el recorte presupuestario es de la Generalitat y afecta a sus cuentas, el vicepresidente argumentó a través de esa red social que se debe a las consecuencias de "la asfixia económica del Gobierno español contra Catalunya".
El jueves 8 de agosto el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicó que la Conselleria de Economía ordenaba un recorte de alrededor de un 6% de las empresas participadas por el Govern. La decisión del Departamento que lidera Aragonès, sin embargo, no afecta a cuestiones como los servicios esenciales, el pago de nóminas y las subvenciones e inversiones ya comprometidas por el Govern. Según se exponía en el documento publicado por el DOGC, los objetivos del plan de acción son el "mantenimiento del nivel de prestación de los servicios públicos fundamentales y, del otro, el cumplimiento de los compromisos ineludibles del gasto".
Precisamente el lunes, en una entrevista de Europa Press, la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Mertixell Budó, criticó el "ahogo económico" del Estado con Cataluña, y le reclamó unos 1.300 millones de euros en concepto de los anticipos del modelo de financiación pendientes de pago (más de 800 millones) y de liquidación del IVA (480). "Desde el Govern no queremos quedarnos de brazos cruzados y queremos denunciar y pedir que nos paguen aquello que nos toca", expuso.
