MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha presentado este miércoles un escrito ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado en el que denuncia que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incumplido la normativa al respecto porque no les facilitó documentación sobre el nombramiento como adscritos a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional de los magistrados Eloy Velasco y Enrique López. El órgano de Gobierno de los jueces asegura que ya les ha hecho entrega de todo el material que reclamaban.

El problema tiene que ver con la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la designación de Velasco y López como magistrados de la Sala de Apelaciones al entender que había candidatos con más méritos. El CGPJ nombró a dos nuevos magistrados para reemplazarles, pero les mantuvo como adscritos a esa segunda instancia de la Audiencia Nacional.

AJFV solicitó entonces al CGPJ toda la documentación en la que se basó para adoptar esa nueva decisión y, según denuncia la asociación, é"ste respondió aportando sólo el texto del acuerdo, pero ningún informe de su Servicio de Régimen Jurídico de Jueces y Magistrados ni de ningún otro órgano técnico".

Sin embargo, fuentes consultadas por Europa Press en el órgano de gobierno de los jueces aseguran que esa documentación ya se le ha hecho llegar a la Asociación Francisco de Vitoria, pues se les ha proporcionado además del acuerdo, el informe de personal en el que se basó. Solicitaban además los votos particulares del pleno que aprobó los nombramientos como adscritos, pero no los hubo.

Para la asociación, el CGPJ "se niega a facilitar una información tan sensible y de tal envergadura" para dificultar así que recurran por vía administrativa y/o contenciosa contra aquella decisión de mantener a López y a Velasco adscritos a la Sala de Apelaciones y así se lo ha hecho saber al Consejo de Transparencia.

Además, insta a este organismo público independiente a dar traslado al Defensor del Pueblo "para evitar así" tener que litigar. En todo caso, avanzan que van a "recurrir a todas las vías posibles y necesarias para acabar de una vez" con lo que, aseguran, es una "discrecionalidad y arbitrariedad en los nombramientos de los cargos judiciales".

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