SAN SALVADOR, 11 (Reuters/EP)
El gobierno de El Salvador ha señalado este miércoles que la resolución de la máxima instancia judicial del país, que ordena que el presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, informe sobre la desaparición del exembajador de Sudáfrica en 1979, sólo tiene el propósito político de afectar a su imagen.
El Tribunal Supremo ordenó este martes que el mandatario salvadoreño, un excomandante guerrillero, comparezca ante un juez para informar sobre el paradero del diplomático sudafricano Archibald Gardner Dunn, secuestrado a finales de 1979, antes del conflicto armado en el país centroamericano.
La familia del exembajador ha asegurado en la demanda que la organización guerrillera Fuerzas Populares de Liberación (FPL), supuestamente al mando de Sánchez Cerén, secuestró al diplomático y desde entonces desconocen su paradero, a pesar de haber entregado 2 millones de dólares como rescate.
El Gobierno salvadoreño ha rechazado el fallo en contra del mandatario y ha afirmado que, tras la guerra civil (1980-1982) una Comisión de la Verdad investigó exhaustivamente el caso y no mencionó a Sánchez Cerén.
"El presidente no pertenecía a la dirección de las FPL en ese año y era un líder magisterial", recalca un breve comunicado firmado por el Secretario de Comunicaciones de la presidencia, Roberto Lorenzana. "Esta resolución tiene un propósito político de dañar la imagen del presidente", añade.
Una publicación de un periódico salvadoreño en octubre de 1980 indica que el exembajador fue ejecutado por las FPL ante la negativa de un hijo del diplomático para continuar con el pago del rescate. La organización guerrillera habría emitido un comunicado en 1980 asumiendo el "ajusticiamiento".
Entre 1980 y 1982, El Salvador vivió una guerra civil que enfrentó a la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército salvadoreño y dejó alrededor de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.