MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley con parte del nuevo Régimen Económico Balear con las medidas económicas que considera más urgentes, de manera que puedan entrar ya en vigor una vez publicado el decreto en el Boletín Oficial del Estado.
En concreto, el decreto incluye la bonificación del 75% de las tarifas aéreas y marítimas para el transporte de personas y el 65% del coste medio del flete para exportación de productos. En energía, se promueven las energías limpias, la ejecución de una segunda interconexión de las islas y la península y una compensación para que el precio del gas natural y los gases líquidos sean equivalentes a los de la península.
Este real decreto entra en vigor pero tiene que ser convalidado por el Congreso, bien en el Pleno que se celebra esta próxima semana, último de la legislatura, o bien por la Diputación Permanente de la Cámara Baja una vez que está se haya disuelto por la convocatoria de elecciones.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de ley con incentivos fiscales, pero que a diferencia del decreto tiene que ser debatido y aprobado por las Cortes, lo que ya no ocurrirá al concluir la legislatura. Quedará por tanto pendiente para la próxima.
En concreto, el Gobierno plantea dos nuevos incentivos para ayudar a las empresas que trabajan en las islas a compensar la insularidad. Por un lado, se les permitirá reducir hasta un 90% en la base imponible del Impuesto de Sociedades la parte del beneficio que destinen a reserva para futuras inversiones en el territorio.
Por otro, el Ejecutivo propone un bonificación del 10% en Sociedades y en IRPF por rendimientos derivados de bienes producidos en Islas Baleares. Como condición, las empresas tendrán que mantener el empleo, pero esta bonificación subirá al 25 cuando crezca su plantilla media.
MESES DE ESPERA
La presidenta autonómica, Francina Armengol, acordó con el anterior ministro 'popular' de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el REB sería aprobado por el Consejo de Ministros antes de verano del año pasado para que la ley fuera debatida y ratificada por las Cortes antes de que acabara 2018.
Las negociaciones no habían concluido cuando cayó el Gobierno del PP por la moción de censura; el nuevo Ejecutivo, socialista como Armengol, retomó los trabajos pero no había aprobado todavía el proyecto en Consejo de Ministros.
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