El Pleno del Congreso ha avalado este jueves la ley de protección a la infancia frente a la violencia con amplio consenso, excepto Vox y PNV. Por medio de esta nueva norma la prescripción de los delitos graves en niños se ampliará de los 18 años actuales a los 35 años, para evitar que los casos queden impunes ya que las denuncias se producen años después.
Como señala Efe, el proyecto de ley pasará ahora al Senado, donde deberá seguir su tramitación en Comisión y Pleno, con el anuncio de varios grupos de que mantienen vivas enmiendas para seguir incluyendo mejoras.
La ley sale del Congreso con el voto en contra de PNV porque entiende que invade competencias y de Vox por motivos ideológicos, mientras que PdeCat y EH Bildu han optado por abstenerse, según han anunciado sus portavoces durante el debate.
Durante las últimas horas de la pasada jornada mientras se debatía la ley de protección a la infancia llegó al Pleno una enmienda pactada entre PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Bildu, Grupo Plural, BNG, Más País y el Grupo Republicano, que elevaría de los 30 años preestablecidos en el proyecto de ley a los 35 años la edad de la víctima desde la que se contará la prescripción de los delitos graves, entre ellos los abusos sexuales.
En el texto aprobado, también se refuerza el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa.
Además, tras el paso por la Comisión se dota a la ley de perspectiva de género, eliminando planteamientos como el SAP (Síndrome de Alienación Parental) e incorporando medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Por su lado, las propuestas de Unidas Podemos de no permitir la participación en espectáculos y escuelas taurinas a los menores y de que en los casos de desahucios de familias con niños se ofrezcan soluciones habitacionales adecuadas y apoyo psicosocial, se quedan fuera por falta de apoyos.
La iniciativa legislativa remitida al Parlamento desde Derechos Sociales amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales.
