LA PAZ, 7 (EUROPA PRESS)
Los familiares de las víctimas mortales tras la represión de la Policía en Senkata, en el oeste de Bolivia, han rechazado el decreto de indemnización, al que han catalogado de "expreso chantaje", entre otras cosas, porque de aceptarlo les cerraría la posibilidad de poder reclamar una investigación a instancias internacionales.
El colectivo de víctimas ha asegurado que esta medida es "discriminatoria y denigrante", debido al punto del decreto que no les permitiría acudir a organismos internacionales en caso de aceptar los 50.000 bolivianos (unos 6.500 euros) que el Gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez promulgó un día antes.
El representante de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca, ha presentado una carta con ocho demandas a través de la cual buscan una nueva negociación, puesto que el decreto "sólo hace énfasis en la indemnización, asumiendo que la vida tiene un precio económico de 50.000 bolivianos", tal y como ha mostrado el periódico boliviano 'La Razón'.
Inca ha contado que sus demandas buscan que se sancionen de manera penal a "los asesinos" de los familiares de las víctimas, además de una serie de facilidades económicas para las mismas, entre las cuales están un salario mínimo vitalicio para todas las familias afectadas, así como becas de estudios y la cancelación de las deudas bancarias.
La crisis política en Bolivia se desató tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, y tuvieron lugar numerosas protestas en el país.
En Senkata, una pequeña localidad de El Alto, se registraron 10 muertos y más de 40 heridos después de que la Policía y el Ejército la emprendiera con los partidarios de Maduro que se atrincheraron en las zonas aledañas a la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El Gobierno, que negó que las fuerzas del orden disparasen sus armas de reglamento, decidió ante la ola de protestas, emitir un decreto que eximía a los militares que participaban en las represiones de las manifestaciones de cualquier responsabilidad penal sin con ello ponían fin a las manifestaciones.
Finalmente, tuvieron que dar marcha atrás tras las denuncias que se produjeron tanto dentro como fuera del país.
Bolivia se prepara ahora para celebrar unas nuevas elecciones en las que ni Morales ni su vicepresidente, Álvaro García Linera, podrán participar, conforme al acuerdo al que su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y el Gobierno de Áñez han llegado en el Congreso.